"Tenemos en el país vigente la Ley 450 hace muchos años y nos daba un mandato de protección a pueblos indígenas. Esta norma requería la implementación con un reglamento, que ha sido aprobado y se crea el Comité de Protección a Pueblos Indígenas en Situación de Vulnerabilidad, que hoy tendrá su primera reunión en La Paz [oeste]", explicó el funcionario en conferencia de prensa.
Con la reglamentación de la Ley 450 de Protección de Naciones y Pueblos Indígenas, a 10 años de su promulgación en 2013, se implementarán políticas públicas para contribuir en el desarrollo integral de los pueblos autóctonos con la finalidad de detener la explotación de indígenas y también proteger a los pueblos no contactados.
El plan nacional será impulsado por cinco ministerios: Culturas, Justicia, Desarrollo Productivo y Educación, y contempla facilitar el acceso de los indígenas a beneficios en diferentes áreas.
Los indígenas de Bolivia alertaron en 2022 del riesgo de extinción de los últimos miembros de comunidades nativas como los Uru Chipaya en Oruro (oeste), reconocidas en la Constitución Política del Estado en 2009, a consecuencia de factores como la sequía, la contaminación minera y explotación forestal.
El caso de la comunidad guaraní Tunitas, que vivía en condiciones de servidumbre en una propiedad agrícola en Santa Cruz (este) y el avistamiento de indígenas no contactados como los Toromona, en el departamento de Beni, región fronteriza con Brasil, encendieron las alarmas de las autoridades bolivianas en 2022.
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