El 2022 deja un triste récord de muertes violentas en el Ecuador, que sufre el incremento de la inseguridad en las principales ciudades y recintos penitenciarios del país.
En efecto, Ecuador registró 4.450 asesinatos en 2022, duplicando la alarmante cifra de 2021 y consolidando a Guayaquil (suroeste) como la ciudad epicentro de la más cruda violencia asociada a bandas relacionadas al narcotráfico y el crimen organizado. La urbe ya concentra más del 30% de los asesinatos del país, consigna el medio ecuatoriano El Universo.
En conversación con Sputnik, el sociólogo y politólogo ecuatoriano Henry Allan atribuyó la crisis en materia de seguridad al desbaratamiento del Estado y sus instituciones por parte de la administración del presidente Guillermo Lasso y su predecesor Lenín Moreno (2017-2021).
"Hay un ambiente de frustración con el Gobierno Nacional; tres de cada cuatro ecuatorianos sienten que las cosas van mal y por otro lado, el principal problema es el de la inseguridad, a pesar de la crisis económica que vive Ecuador y América Latina", comentó Allan.
El experto señaló que, si bien la cifra de asesinatos y muertes violentas se ha duplicado en los últimos años, "no parece haber ninguna voluntad política para enfrentar esta crisis". En ese sentido, consideró que la consulta popular en la que se le preguntará a los ecuatorianos si quieren que los militares intervengan en el ámbito de la seguridad no es más que una medida "de tipo parche, de carácter extremadamente coyuntural, que no abona a la solución de este problema".
Para Allan, que los militares puedan salir a las calles a controlar la delincuencia "es un tema ya de viejo debate". Además, aclaró que el Gobierno "no necesitaba tampoco una consulta popular para convocar a los militares a las calles". Por eso, apuntó que más bien se trata de una estrategia política "para ganar popularidad" entre los ecuatorianos con medidas que, en el fondo, "carecen de sentido".
Desbaratamiento de la institucionalidad
El experto enfatizó que el problema principal detrás de la inseguridad es el desbaratamiento de la institucionalidad estatal en el país, un proceso que comenzó en 2018 con "la famosa consulta popular implementada por Lenin Moreno" que, en el fondo, apuntaba a desmantelar el armado político construido por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
"Se ha desbaratado, se ha destruido el Estado. Un Estado que está destruido, que no tiene institucionalidad y que no tiene recursos es incapaz de resolver las demandas de la sociedad", ilustró.
"Debemos tener en cuenta que un Estado que es incapaz de controlar las cárceles, mucho menos tendría la capacidad para resolver crímenes violentos", ejemplifica.
Hasta el año 2017, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), daba un informe "en el que se señalaba que dos de cada tres casos de desapariciones eran resueltos". Según Allan, esas cifras "han variado notablemente" desde 2018 y desde entonces los ecuatorianos "ni siquiera tienen información concreta". "Ante la destrucción de la institucionalidad, yo dudo mucho que la institución tenga la capacidad de resolver los crímenes", resumió el analista.
El experto lamentó que "las penurias que deben estar pasando las víctimas deben ser grandes" y advirtió que en Ecuador "la gente probablemente esté pagando para que la Policía pueda salir a hacer su trabajo, darle combustible a las unidades de Policía, entre otras cosas".
Política de la muerte
"No las veo a corto plazo", se sinceró Allan al ser consultado por posibles soluciones a la crisis de seguridad en Ecuador. Según el politólogo, "no hay ningún tipo de plan político ni económico ni social por parte del Gobierno para enfrentar el tema de la inseguridad".
"El Gobierno ha planteado una especie de política de la muerte, es decir, no tomar ninguna medida pública y dejar que los probables delincuentes se maten entre sí en las cárceles. Por lo tanto, no veo claro que se quiera enfrentar a la delincuencia", enfatizó.
Para Allan, la única forma de combatir la violencia e inseguridad en el país "pasa por reconstruir el Estado". Sin embargo, afirmó que las figuras del Gobierno de Lasso "no creen en el Estado, detestan al Estado".
"Su gran propuesta siempre fue acabar con el Estado, entonces no veo una salida a la crisis a largo plazo y menos a corto plazo", subrayó.
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