Luego de que el Congreso peruano determinara la vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo, su vicepresidenta tomó la titularidad del Ejecutivo, lo que desató una crisis política en el país suramericano, pues miles de peruanos exigen en las calles la disolución del cuerpo legislativo, adelantar elecciones y convocar a una asamblea constituyente para sustituir la carta magna heredada por Alberto Fujimori.
Las protestas han arrojado un saldo de al menos 20 personas fallecidas como consecuencia de las acciones represivas tanto de la Policía Nacional como del Ejército, de acuerdo con la denuncia ayacuchana y con advertencias emitidas por la Defensoría del Pueblo.
Entre las víctimas mortales, al menos siete se ubican en Ayacucho, de acuerdo con el último parte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de la ciudad, ubicada en el sur interior del Perú y a unos 560 kilómetros de Lima.
Además, el organismo sanitario identificó al menos 52 personas heridas como consecuencia de las manifestaciones solo en Ayacucho. En ese contexto, las autoridades regionales responsabilizaron directamente a Boluarte del saldo mortal.
"Responsabilizamos de las cinco muertes y 52 heridos a la señora Dina Boluarte y los ministros del Interior y de Defensa, respectivamente, quienes deben renunciar inmediatamente al cargo", apuntó el Gobierno Regional de Ayacucho en un pronunciamiento, sin integrar el saldo final de siete muertos de la Diresa.
"Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego y represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú contra nuestra población", agregó la autoridad local.
El Gobierno Regional de Ayacucho también llamó a cesar a la actual mesa directiva del Congreso que depuso a Castillo, quien recibió 18 meses de prisión preventiva, para configurar un Gobierno de transición que llame de manera inmediata a elecciones.
Además, expresó sus condolencias ante las víctimas mortales de la represión, exigió investigaciones pertinentes y castigo a los asesinos.
Por ahora, Boluarte ha convocado a nuevas elecciones hasta abril de 2024, además de decretar el estado de emergencia en todo el país y toque de queda en la región sur como medidas para paliar la ola de protestas.
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