Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, son los países latinoamericanos que sufrieron casos similares en tiempos de elección presidencial, que terminaron con cuestionados procesos judiciales a los candidatos de izquierda: Rafael Correa, en Ecuador, Evo Morales, en Bolivia; Luiz Inácio Lula Da Silva, en Brasil, y Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina.
"La secuencia es siempre la misma, tener un fiscal corrupto que decida abrir una investigación y filtre parte de una carpeta sesgada a un periodista", dijo a Telescopio Marco Antonio Enríquez-Ominami, fundador y coordinador del Grupo de Puebla.
"Así comienza la maquinaria de demolición de la reputación, se avanza y terminamos en un juicio. Siempre con dos factores: en torno a un período electoral y sin garantías de objetividad", agregó.
Los espacios democráticos se vieron afectados en los últimos años en la región por la aparición del lawfare que utiliza de manera abusiva o ilegal las instancias judiciales nacionales e internacionales, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
"Nadie quiere que no se investigue, lo que no se puede es ser corrupto para investigar la corrupción", sostuvo Enríquez-Ominami.
En el caso de Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández denunció acoso mediático contra su hija, Florencia Kirchner, a pocos días de haber sido ella misma condenada por la justicia a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos por el caso Vialidad.
"El 2023 es un año electoral y en marzo se leerán los fundamentos de la condena contra Cristina Fernández y hay autoridades del poder persecutorio, del poder penal que han expresado elocuentemente su rechazo al liderazgo de la vicepresidenta que están en la causa. Eso no garantiza el papel de imparcialidad", señaló el entrevistado.
En el caso del presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, "el juez Sergio Moro es quien lo condena y luego se convierte en ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Siempre hay un ganador, nunca es un hallazgo judicial, hay quien se beneficia con este mecanismo de lawfare", reflexionó.
El Grupo de Puebla también se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Fernández, ante lo que consideró un "vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial".
Fundado el 12 de julio de 2019 en la ciudad mexicana de Puebla, su objetivo principal es articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista.
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