"Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes", señala el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que añade que convocó a consulta al embajador mexicano en el país, Pablo Monroy.
El jueves, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que Monroy se entrevistó con el ahora expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido el miércoles por el Congreso, y confirmó la solicitud de asilo hecha al país norteamericano.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó a que se respeten los derechos humanos de Castillo y a que se proteja a su familia, tras revelar que el exmandatario iba a solicitar asilo a su país, pero fue detenido antes de llegar a la legación mexicana en Lima.
"Con relación a las declaraciones de dichas autoridades respecto al derecho de asilo invocado por el expresidente Pedro Castillo, se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los Estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen", añade la cancillería peruana.
Finalmente, el Gobierno peruano afirma que "desea reiterar su más amplia voluntad para continuar profundizando, en el marco del respeto mutuo y de las normas de Derecho Internacional, las tradicionales relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a los pueblos del Perú y México, las que cumplirán doscientos años en enero de 2023, especialmente en aquellos ámbitos que inciden en el desarrollo social".
El 7 de diciembre, el expresidente peruano, Pedro Castillo, anunció en un mensaje televisado en cadena nacional la disolución del Congreso y el establecimiento de un "gobierno de excepción".
Pero el Congreso celebró la sesión que estaba prevista para el miércoles para tratar la destitución del presidente y por abrumadora mayoría votó a favor de poner fin a su Gobierno.
Tras la votación del Congreso, asumió como jefa de Estado la vicepresidenta Boluarte, convirtiéndose en la primera mujer en Perú en ostentar ese cargo.
El 8 de diciembre, la justicia peruana determinó la prisión preliminar de Castillo por un plazo de siete días, tras acusar al exmandatario del delito de rebelión.
La Asamblea Nacional de Perú Libre expresó el 8 de diciembre su solidaridad con Castillo, denunciando que su detención fue "arbitraria e ilegal" y exigió su "libertad inmediata", anunció en Twitter el líder fundador del partido, Vladímir Cerrón.
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