El país latinoamericano atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, que se exacerbó luego de varios ataques perpetrados durante la jornada del pasado martes 1 de noviembre en las provincias del Guayas y Esmeraldas, que dejó un saldo de cinco policías fallecidos.
Los ataques, sincronizados por narcobandas, incluyeron detonaciones de explosivos en inmediaciones de comisarías, gasolineras y terminales de ómnibus.
Ante esta situación el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ordenó el despliegue de un Comando de Mando Unificado integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los servicios de inteligencia y declaró un nuevo estado de excepción parcial hasta el 16 de diciembre en ambas provincias, que extendió este viernes 4 a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro norte).
En diálogo con Sputnik, la criminalista y también periodista ecuatoriana Ana Minga, sostuvo que la violencia en el país "ha ido ascendiendo" ante lo que considera acciones poco contundentes de parte del Gobierno.
"El Gobierno no ha brindado una respuesta contundente porque, si bien estas explosiones y muertes de policías se dieron este martes 1, ya se han estado dando actos de violencia tanto en Guayaquil (Guayas), como en Esmeraldas", aseguró.
De acuerdo con al Gobierno, desde el 1 y hasta este 3 de noviembre, se realizaron más de 600 operativos contra la narcoviolencia donde produjeron 688 detenciones.
Además, según un anuncio gubernamental, se incautaron 27 armas de fuego, alrededor de 600 municiones, 167.000 explosivos y más de 89.000 gramos de droga. Además, se procedió al registro de más de 11.000 personas y de 2.900 vehículos.
4 de noviembre 2022, 15:24 GMT
La violencia escaló también en las cárceles, donde los prisioneros de la Penitenciaría del Litoral se negaron a ser trasladados y provocaron un motín que fue controlado horas después.
Según explicó Minga, especialista en Perfilación Criminal e integrante del Observatorio de Seguridad y Mesa Anticorrupción, la violencia se enmarca en conflictos entre bandas que se disputan el poder en el territorio y el mercado del narcotráfico, así como los diversos negocios ligados a este.
Una de las bandas es la de los Choneros que "está trabajando directamente con el cártel de Sinaloa (México)". Además, operan en el país los Tiguerones, los Lobos, Ben10 y otras bandas que colaboran con el cártel mexicano conocido como Jalisco Nueva Generación.
Según el presidente Lasso, los cabecillas de Chone Killer que lideraban la resistencia armada contra el personal policial y militar de Ecuador, fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de la Roca.
La disputa del poder que siembra violencia
La analista comentó que Guayaquil "está viviendo una presión fuertísima con las llamadas vacunas"—forma que en Ecuador se denominan a las extorsiones—, algo que "ha llegado a ciudades que no tenían tan altos niveles de violencia, como Quito".
En los ojos de Minga, la violencia "va en ascenso" tras las disputas de poder entre las bandas y con el propio Gobierno dado que buscan volverse "un poder paralelo".
La analista consideró que el país vive una "situación crítica" donde los ataques ya se producen "en el escenario público" pese al estado de excepción.
"Esto es lo grave porque ya se está atentando directamente a la sociedad civil y genera el pánico", manifestó.
De país de tránsito a país productor
En Latinoamérica, Ecuador y Perú pasaron de ser países de tránsito en la ruta de la droga hacia EEUU y Europa principalmente, a ser productores y tener fuertes vinculaciones con el narcotráfico transnacional.
En la última década, Ecuador adoptó un fuerte papel en el almacenamiento, procesamiento y distribución de la droga.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, el país ocupa el tercer puesto a nivel mundial de salida de cocaína hacia Europa, Asia y EEUU.
"Al hacerse productor vienen otros negocios juntos, como trata de personas, como sicariato, como extorsión, como permeabilizacion de la corrupcion dentro del Gobierno, tambien en las filas policiales, en las militares, entonces es todo un negocio", explicó Miga.
La provincia de Esmeraldas por ejemplo, tiene una "ausencia estatal", lo que lo convierte en un "territorio fértil para estos negocios ilegales". Además cuenta con una posición estratégica dado que es limítrofe con Colombia.
Una problema que requiere de soluciones urgentes
Consultada por las posibles salidas del conflicto, la analista consideró que el hacinamiento en los centros penitenciarios es un factor que contribuye a ahondar la problemática.
Si bien "las medidas alternativas" a la prisión podrían ser una solución, la realidad es que las otorgan "a los capos de las mafias y no al que tiene una sentencia" por un delito menor, opinó.
Como forma de combatir la violencia en las cárceles, el Gobierno ha optado por "aislar a los capos de los grupos delincuenciales para que no estén con el resto de la población carcelaria" y puedan tener influencia, dijo Minga.
Sin embargo, esto produjo la reacción de las bandas que cometieron ataques contra policías, militares y la sociedad civil.
Pese al panorama desesperanzador que vive el país, la experta considera que "siempre estas crisis son una oportunidad para que el Estado vuelva a empoderarse de las ciudades".
Para Minga, el Gobierno "tiene que adelantarse a los hechos" y tomar acciones y reforzar a las fuerzas de seguridad, porque la sociedad "ya está sintiendo en este momento eso de 'somos nosotros o ellos'".
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