El Congreso peruano inicia el proceso de estudio de la acusación constitucional presentada contra el presidente, Pedro Castillo, por la fiscal de la Nación Patricia Benavides por presuntos delitos de corrupción.
En su artículo 99, la Constitución Política de Perú prevé que la Comisión Permanente del Congreso tiene la potestad de acusar, ante el pleno del legislativo, a varios funcionarios de alto rango del país, entre ellos el presidente de la República, cuando presuma que existe "infracción de la Constitución" o por "todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones".
El texto aclara además que la acusación puede hacerse mientras el jerarca está en el cargo y "hasta cinco años después" de que haya dejado el cargo.
14 de octubre 2022, 00:05 GMT
El instrumento no solo puede ser usado por los congresistas, sino que también, como ocurre en este caso, la acusación puede ser presentada por el fiscal de la Nación. Según la fiscal Benavides, una investigación de tres meses permite presumir "la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas".
La fiscal indicó que las irregularidades se habrían presentado en la órbita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la petrolera estatal Petroperú. Para Benavides, en los casos hubo "uso ilícito de las facultades presidenciales", que permitieron beneficios económicos ilegales o porcentajes de licitaciones.
Una vez ingresada al Congreso, la denuncia es derivada a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, un órgano actualmente integrado por 25 congresistas y conformado proporcionalmente según el peso electoral de cada partido.
La integración actual, aprobada en agosto de 2022, tiene cinco integrantes de Fuerza Popular, tres de Perú Libre, tres de Acción Popular, dos de Alianza para el Progreso, dos del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, dos de Renovación Popular, dos de Avanza País, uno de Perú Democrático, uno de Podemos Perú, uno de Integridad y Desarrollo, uno de Somos Perú, uno de Cambio Democrático, y uno de Perú Bicentenario.
14 de octubre 2022, 14:05 GMT
Ingresada la denuncia, la comisión tiene un plazo de 10 días hábiles para decidir si admite la denuncia. En caso de hacerlo, se abre un nuevo período "no mayor a 15 días hábiles" para realizar una investigación sobre la denuncia y elaborar un informe, que presentará a la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso.
Cuando la comisión inicie la investigación, deberá dar cuenta al acusado, en este caso el presidente Castillo, para que presente sus descargos. Cuando la recolección de pruebas haya culminado, se convocará a una sesión de la comisión que funcionará como audiencia en la que se presentará el indagado y los respectivos testigos.
El reglamento del Congreso estipula que en los casos en que la denuncia provenga del fiscal de la Nación, como en este caso, el funcionario podrá designar a un fiscal para que intervenga en esta audiencia.
La audiencia culmina con un nuevo informe que debe ser votado nuevamente por la comisión. En caso de que sea aprobado, la subcomisión nombra otra delegación más pequeña para presentar la acusación ante la Comisión Permanente. Si esto es así, la acusación ya está lista para ser presentada ante el pleno del Congreso.
El Congreso deberá votar entonces "si hay o no lugar a la formación de causa" a partir de la acusación y si se suspende en sus funciones al funcionario acusado, en este caso el presidente Castillo.
Para ser aprobada, la acusación debe contar con el voto de la mitad más uno de los congresistas. Las sanciones, en cambio, necesitan una mayoría especial de dos tercios de los miembros del Congreso.
El reglamento establece que el acusado podrá asistir a todas las instancias con un abogado pero aclara que ninguna de las instancias se suspenderá por su ausencia.
A pesar de lo engorroso del procedimiento, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, aseguró que el proceso de acusación contra Castillo no se extendería más allá de tres meses.
De todas maneras, el reglamento es claro en que en cualquiera de las instancias por la que debe pasar la acusación, el expediente puede ser rechazado, en cuyo caso quedará archivado inmediatamente.
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