"Se está haciendo una consulta a Naciones Unidas. Tenemos claro que la respuesta de Naciones Unidas será que la regulación interna [de un país] no puede ser vulnerada", afirmó Salas a la radio local Exitosa.
El 11 de octubre, la fiscal Benavides presentó una acusación constitucional contra el presidente Castillo ante el Congreso por presuntos actos de corrupción.
Dentro del documento de la acusación, la fiscal especificó que para poder acusar al presidente por presunta corrupción se tendría que apelar a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
La fiscal solicita esto porque argumenta que en Perú los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional, alegando que la mencionada convención es un tratado sobre derechos humanos.
12 de octubre 2022, 22:00 GMT
Con esta interpretación jurídica, la fiscal busca que a un presidente se le pueda acusar por presunta corrupción, una causal que no está prevista dentro de la Constitución Política peruana, pero que sí estaría prevista dentro de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
"Lo que hacen los tratados es establecer estándares que ya tenemos normados, la Constitución es clara en cuanto a las causales para acusar al presidente", enfatizó el ministro de Trabajo.
La intención del Ejecutivo es consultar a la ONU si la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción puede ser aplicada para acusar a un presidente en Perú por corrupción, aun cuando esta causal no está prevista en la Constitución.
Si la ONU considera que la convención no puede ser usada para acusar al presidente Castillo por presunta corrupción, la acusación de la fiscal general sería ilegal.
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