La localidad de Villa Mascardi —dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro, al sur del país— se convirtió en el epicentro de la disputa entre grupos de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y los Gobiernos local y nacional por la soberanía de terrenos que los protestantes reclaman como propios y ocupan irregularmente.
Tras una escalada de la tensión en la zona —que incluyó un ataque de encapuchados a una casilla de la Gendarmería—, la Justicia ordenó el desalojo del lugar. El operativo del 4 de octubre pasado involucró a las fuerzas federales y culminó con la detención de siete mujeres —una de ellas embarazada— y un grupo de niños.
La controversia escaló hasta la cumbre del Gobierno de coalición del Frente de Todos e impulsó la renuncia de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.
Acusaciones cruzadas
Según los referentes mapuches, su reclamo data del siglo XIX, cuando el Ejército llevó a cabo la conquista del territorio para la conformación del Estado argentino. Desde ese momento los descendientes exigen la devolución de terrenos.
"Hay una situación muy crítica. No esperábamos una respuesta así", dice a Sputnik Newen Loncoman, titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Para el referente, "esta es una deuda histórica del Estado con respecto al otorgamiento de tierras".
Las demandas chocan con la posición de los propietarios actuales de las tierras: "[Los mapuches] quieren hacerse de tierras públicas y privadas que están dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi", sostiene en diálogo con Sputnik Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi.
Según Frutos, la posición de los grupos originarios es ilegítima, "pero aún así no se puede actuar mediante la violencia. Hay que presentarse ante la Justicia con las escrituras", señala.
Cuestión de fondo
Sabina Frederic —exministra de Seguridad de la Nación del actual Gobierno— señala que el conflicto entre los mapuches y los residentes actuales por las tierras excede al caso puntual de esta zona. "Está mal enfocado: se invisibiliza el resto del problema, que es más grande", afirma a Sputnik.
"Villa Mascardi se convierte en un problema paradigmático, pero hay otras situaciones más fáciles de resolver. Todo el mundo está concentrado en este problema como si fuera el principal, cuando en verdad es que no se aplica la ley", remarca Frederic.
La exfuncionaria apunta a la norma de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas de 2006, que suspendió los desalojos mientras se hacía un recuento de la ocupación ancestral de las comunidades. En este sentido, la actual presidenta de la Agencia argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos señala que "el desalojo es el último recurso. Hay que agotar todos los otros: para eso hay que negociar".
Los riesgos del desalojo
El conflicto mapuche en Argentina ha escalado en los últimos cinco años. La comunidad Lafken Winkul Mapu ocupa desde 2017 entre 11 y 15 hectáreas en Villa Mascardi, sobre un total de 710.000 que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi, gran parte de las cuales pertenecen a emprendimientos turísticos, y viviendas privadas.
En ese año, durante un operativo de desalojo de los manifestantes comandado por la Prefectura Naval, fue asesinado de un disparo por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años.
La gravedad del hecho —ocurrido durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019)— ocurrió solo un mes después del hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado, cuya búsqueda se extendió durante 77 días tras un operativo de la Gendarmería para despejar un corte de ruta mapuche.
La repercusión del caso fue tal que culminó en investigaciones a altos funcionarios nacionales. "El Gobierno anterior también se equivocó en cómo encarar el conflicto. Queremos que se haga un desalojo efectivo de manera profesional", sostiene Frutos, el dirigente de Villa Mascardi.
¿Apostar al diálogo?
En 2020, la administración de Alberto Fernández convocó a una mesa de diálogo con representantes de las comunidades pero dos años después se vuelve a la misma situación y volvieron los desalojos mediante la conformación de un Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad. Según Frederic, "se abandonó el mecanismo de resolución pacífica del conflicto".
"Nosotros convocamos a una mesa de diálogo. Solicitamos que se presenten los funcionarios con poder de decisión", remarca Newen Loncoman. El referente mapuche señala que las conversaciones son un requisito necesario pero no suficiente: "Hasta que haya una reparación, estos temas van a continuar sucediendo", agrega.
A una semana del desalojo, el presidente Fernández manifestó su voluntad de retomar las negociaciones pacíficas y apostar a una sociedad multicultural. De concretarse dicha alternativa, podría retomarse un sendero que desescalara la intensidad del conflicto. "Hay que equilibrar intereses. No tiene que ser solamente parte de un discurso", concluye Frederic.
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