Presupuesto argentino para 2023: ¿es posible cumplir las metas fijadas?

Argentina atraviesa una coyuntura por demás adversa. Si a esta altura del año pasado el Gobierno preveía cerrar 2022 con una inflación del 33%, la situación internacional, las sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania, con la inflación y el aumento de precios de la energía, sumado a problemas de gestión, han echado por tierra este anhelo: acumula un 56,4% en lo que va del año y las proyecciones oficiales la ubican en el 95% para diciembre.

Ante este escenario son legítimas las preguntas en torno a la factibilidad del cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de presupuesto, que empezará a ser discutido en la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro Sergio Massa y las principales figuras de su equipo.

Tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) —firmado en marzo de este año para la refinanciación del préstamo de 45.000 millones de dólares, la llamada ley de leyes comenzará a ser discutida en la Cámara de Diputados.

En diálogo con Sputnik, José de Mendiguren, secretario de Desarrollo Productivo de la Nación, señaló que "el desafío es estabilizar manteniendo el poder adquisitivo del salario: hacerlo a través del crecimiento, no del ajuste". No obstante, el secretario reconoció la complejidad del objetivo: "¿Es fácil? No. ¿Se hará en el corto tiempo? Nos va a costar, pero el camino es este", remarcó.

El esquema planteado supone el control de la inflación. El proyecto estima que esta se situará en el 60% en 2023. Sin embargo, la previsión no es unánime: "Sin un ancla que frene esta inercia, lo más probable es que la inflación del 2023 esté en torno al 100%", dijo a Sputnik Lorenzo Sigaut Gravina, economista y director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra.

Rodrigo Álvarez —economista y director de la consultora Rodrigo Álvarez & Asociados— coincide con el diagnóstico y agrega que "va a ser muy difícil frenar esta dinámica, por la inercia y porque todavía no hay un anclaje de expectativas significativo". En este sentido, el consultor apunta que "en un escenario optimista, el año que viene podemos tener 80% de inflación".

El de la inflación no es el único apartado que siembra interrogantes entre los analistas: el Presupuesto 2023 fija una pauta de crecimiento económico del 2% —menor al 4% previsto para este año— y, simultáneamente, una reducción del déficit fiscal del 2,5% actual al 1,9% del PBI. Sigaut Gravina sostiene que "el año que viene sigue el compromiso [con el FMI] de bajar el déficit. En la medida en que el Gobierno siga atado al acuerdo, va a ser difícil crecer 2%".

Al ser consultado por la compatibilidad entre ambas metas, De Mendiguren responde que "con el único objetivo de reducir el déficit nunca se llegó a buen puerto, por eso planteamos una línea de equilibrio fiscal sin bajar salarios y con un fuerte impacto en el crecimiento y la inversión". En este sentido, el funcionario asegura: "Queremos recuperar el nivel de actividad. No es lo mismo estabilizar como un fin en sí que estabilizar para crecer".

En este punto, Álvarez remarca el desafío que supone la conjugación entre la meta de crecimiento, la del déficit y la del aumento de precios. De este modo, el consultor señala que "no hay atajos: el Gobierno va a tener que elegir entre tener algo de actividad económica pero más inflación, o contener la inflación, pero con un ajuste más marcado".

Ante este escenario, en el proyecto enviado al Congreso —si bien supone una desaceleración con respecto al 2022— subyace la premisa de la prevalencia de valores positivos en áreas sensibles tales como el salario real y el consumo privado (aumentando ambos un 2%), y la inversión (subiendo un 2,9%).

De Mendiguren enmarca estos valores en una decisión de corte ideológico del equipo que integra: "Cualquier Gobierno de políticas ortodoxas estaría tratando de implementar un ajuste del salario. Por primera vez el plan de estabilización es a través de la preservación del poder adquisitivo", sostiene.

No obstante, Sigaut Gravina introduce una nueva variable en la lectura sobre la factibilidad de este tipo de programas: "El problema del plan de estabilización es que antes hay que corregir el atraso del tipo de cambio y eso implica más inflación en el corto plazo", indica. El consultor complejiza el análisis incorporando un ítem sensible en la economía local.

La escasez de dólares es uno de los problemas centrales que enfrenta Argentina. La apremiante carencia de divisas en el Banco Central (BCRA) obliga a adoptar medidas de precisión quirúrgica para evitar una crisis de mayores proporciones.

Ante este panorama, cobra relevancia el valor del dólar previsto para 2023. Según el presupuesto, la moneda cotizará a $269,90 en el mercado oficial hacia diciembre del año próximo, por lo que el aumento sería del 62% anual —dado que está previsto que finalice 2022 a $166,50—. Es decir, subiría dos puntos por encima de la inflación, fijada en 60%.

Así, la divisa se fortalecería ante el aumento del nivel general de precios. Sin embargo, tampoco existe un consenso entre los analistas sobre la probabilidad de que esto ocurra.

Es que el próximo año estará signado por las elecciones presidenciales, donde el oficialismo buscará revertir el duro revés de las legislativas del 2021. En este marco es previsible que el Gobierno tienda a evitar una devaluación brusca de la moneda: "Lo que suele buscarse en la previa de las elecciones es que el dólar se mueva por debajo de la inflación para recomponer los salarios. El problema es que hay poco margen: hay pocas reservas netas", remarca Sigaut Gravina.

La lectura del consultor se condice con el historial: la última vez que el tipo de cambio subió más que la inflación en un año electoral fue en 2009. De ahí nacen las dudas sobre si el oficialismo estará dispuesto a un ajuste en la previa de los comicios. "Creo que el Gobierno apuesta a estabilizar entre este año y el comienzo del 2023 para que la economía se recupere desde el segundo trimestre", señala Álvarez.

A diferencia de la incertidumbre que exhiben los analistas sobre la posibilidad de cumplir con las pautas fijadas, los funcionarios del área económica se muestran seguros de las previsiones. De Mendiguren afirma que "es un presupuesto elaborado en función a la información con la que contamos hoy".

Sin embargo, el secretario de Desarrollo Productivo es consciente de la complejidad proveniente de la coyuntura global: "Si sigue la guerra y el precio del gas pasa de ocho dólares a 80 por millón de BTU [unidad de medida del gas], no podemos preverlo ni nosotros ni la Reserva Federal de Estados Unidos. Es lo mismo que pasa en el resto de las economías del mundo", agrega.