El pasado 8 de agosto el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma tributaria, para que sea debatido por el Senado y la Cámara de Representantes.
La reforma tributaria de Petro permitiría recaudar por año 50 billones de pesos (11.400 millones de dólares) a mediano plazo, dinero que sería volcado a la financiar un mayor gasto social y reducir la pobreza.
Uno de los puntos polémicos del proyecto de reforma son los llamados impuestos saludables, que proponen gravar las bebidas azucaradas, como gaseosas, y los alimentos ultraprocesados. Las críticas apuntan a que estos impuestos provocarían un alza en los precios que afectarían a comerciantes minoristas e impactarían en los sectores populares, señalados como quienes más consumirían estos productos.
9 de agosto 2022, 23:43 GMT
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) asegura que "el impuesto a bebidas (...), entre otros, incrementaría sustancialmente los precios de los productos que más alta rotación tienen en las tiendas".
Fenalco llama a eliminar esta iniciativa de la reforma, ya que sostiene que el impuesto afectaría tanto a tenderos y clientes, sobre todo a la población con ingresos más bajos, y "se pondría en riesgo a cerca de 250.000 tiendas de barrio".
El economista Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático —partido de derecha fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010)—, criticó la propuesta de reforma porque contribuiría al alza inflacionaria: "El Gobierno de Gustavo Petro pareciera que en lugar de estar buscando mecanismos para frenar la inflación, está tratando de acelerarla".
"Hay tres impuestos que en la práctica van a subir los precios de los alimentos, se trata de los impuestos denominados saludables y de los impuestos a los plásticos de un solo uso. Según cifras del Ministerio de Hacienda esos tres impuestos van a incrementar (...) 5,2 puntos porcentuales los precios de los alimentos", aseguró Forero en un video difundido por el Centro Democrático en Twitter.
El representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Partido de la Unión de la Gente (derecha) Víctor Salcedo manifestó su preocupación de que los impuestos saludables podrían "desestimular la producción de ellos [las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados] y eso crearía un golpe en el empleo".
El exsenador Jorge Robledo, del Partido Dignidad (centroizquierda), tildó de "regresiva" la reforma tributaria de Petro en una columna de opinión.
"Es regresivo (...) aumentarle el impuesto al consumo en 3 billones de pesos –más del 10% de los $25,9 billones a recaudar– a las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, los plásticos y los combustibles en las zonas de frontera, bienes todos de ineludible consumo popular en un país donde el 30% de las familias está aguantando, literalmente, hambre", dijo Robledo.
En referencia a la "regresividad" con que califica Robledo a la reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro respondió en Twitter: "No estoy de acuerdo en que si un pobre deja de tomar gaseosa y se pasa al agua o a la leche o a algo que le otorgue salud, sea más pobre, al contrario, es más rico. Los invito a mirar el criterio de la regresividad desde el prisma de la vida".
Impuestos y salud pública
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la exposición de motivos de la reforma tributaria, alega sobre los impuestos a las bebidas azucaradas que "los tributos también pueden generar ganancias de eficiencia, mitigando externalidades negativas", como ocurre con "los productos que afectan la salud pública".
El documento de la reforma expone que los impuestos son útiles "para desincentivar el consumo de productos perjudiciales para la salud, como el tabaco, las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados".
El consumo de bebidas azucaradas es una de las causas de diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, señala el documento, y agrega que en 2021 "el sistema de salud colombiano incurre en un costo anual de 1.772,8 dólares" por cada persona con diabetes. Según cifras oficiales, en el país hay 1.676.885 personas con esta enfermedad.
Con la reforma tributaria el Gobierno de Colombia proyecta recaudar 25,9 billones de pesos en 2023 —unos 5.900 millones de dólares—, equivalentes al 1,72% del Producto Interno Bruto. Específicamente, mediante los impuestos a las bebidas azucaradas y refrescos se espera obtener 1,02 billones de pesos (273 millones de dólares).
Según el texto de la reforma tributaria, la base gravable del impuesto a las bebidas azucaradas es el contenido de azúcar por cada 100 mililitros, según se detalla a continuación:
Tarifas del impuesto al consumo de bebidas azucaradas
Contenido de azúcar cada 100 ml | Tarifa en pesos por cada 100 ml |
Menor a 4g | $0 |
Mayor o igual a 4g y menor a 8g | $18 |
Mayor o igual a 8g | $35 |
"Este tipo de impuestos (...) se usan para reducir el consumo de algunos bienes que resultan en externalidades negativas sobre la salud de la población, con el fin de reducir los gastos del sistema de salud", explica el Ministerio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 2011 y 2030 las pérdidas globales por costos directos e indirectos de la diabetes ascenderían a 1.700 billones de dólares. "La evidencia muestra que un impuesto que sube los precios de las bebidas azucaradas un 20% pueden reducir su consumo en cerca del 20%, y con ello prevenir la obesidad y la diabetes".
Impuesto a las bebidas azucaradas, ¿una historia de fracasos?
La discusión sobre el impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia se viene dando desde 2016. En marzo de ese año, el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, propuso que la reforma fiscal que impulsaba el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) incluyera un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas y refrescos e inyectar al sistema de salud unos 340 millones de dólares anuales.
Según consigna The New York Times, la empresa colombiana de refrescos Postobón presentó entonces una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra un spot publicitario a favor del impuesto a las bebidas azucaradas.
Aunque el comercial manejaba datos científicos sobre la incidencia del exceso de azúcar en la salud, la empresa entendía que presentaba información imprecisa y que sugería "que todas las bebidas azucaradas son dañinas para la salud". La Superintendencia falló en favor de Postobón y el comercial dejó de transmitirse por televisión.
Gaviria Uribe, actual ministro de Educación del Gobierno de Petro, dijo que durante el debate parlamentario en 2016 hubo presión por parte de la "industria azucarera", con una gran presencia de cabilderos en favor de las empresas y contra el impuesto.
El expresidente Iván Duque (2018-2022), en ese entonces senador, fue parte del debate. En noviembre de 2016, publicó en su cuenta de Twitter un video contra el impuesto a las bebidas azucaradas. Reconocía el problema de la obesidad en Colombia, pero se lo atribuía a causas como el "sedentarismo, el alto consumo de sal, bajo consumo de frutas, verduras, y alto consumo de carbohidratos".
Duque dijo entonces que los refrescos representaban "apenas el 3% de las calorías promedio que consume un colombiano".
"¿Qué es lo que pretende el Gobierno? Un impuesto de 300 pesos por litro para un producto que ya paga IVA, un producto que consumen las clases populares principalmente. Y fuera de eso, un producto que representa el 27 y el 30% de las ventas de los tenderos", aseguró.
Para Duque, el impuesto a las bebidas azucaradas tenía por objetivo "financiar el hueco de la salud". Y advertía: "Que no nos metan gato por liebre: que este es el mecanismo para enfrentar la obesidad".
En 2018, se consiguió que las bebidas azucaradas pagaran un IVA plurifásico, un impuesto a pagar en las distintas etapas de producción y comercialización. No obstante, este gravamen solo tuvo fines recaudatorios y no contribuyó a disminuir el consumo, ya que la gran parte de los costos fueron asumidos por las empresas y afectaron poco el precio final al consumidor, según explica el centro de estudios jurídicos y sociales con sede en Bogotá Dejusticia
En 2020 se buscó imponer un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas, pero no fue aprobado. En tanto en 2021 se propuso que las bebidas azucaradas pagaran una tarifa gradual del 15 al 25% al cabo de tres años, pero el Congreso tampoco aprobó la medida.
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