"Invocamos a la Presidencia del Consejo de Ministros y a Repsol a ejecutar con urgencia las acciones para que todas las personas afectadas en sus actividades económicas por este desastre ambiental sean compensadas e indemnizadas de manera pronta y justa", indicó el organismo a través de su cuenta en Twitter.
Según advirtió la Defensoría, tras seis meses de ocurrido el derrame, "aún no se identifica a la totalidad de personas afectadas", por lo que exige al Gobierno y al Instituto Nacional de Defensa Civil que se priorice su empadronamiento.
Personal de la institución realizó visitas a las playas dañadas por el desastre y constató que pescadores y otras personas cuyo sustento dependen del mar aún no pueden ejercer sus labores, existiendo cerca de 9.000 familias con sus ingresos económicos mermados.
Asimismo, la Defensoría exigió que se aceleren las acciones de remediación en la zona.
El 15 de enero, un accidente en la refinería La Pampilla, administrada por Repsol, hizo que se vertieran al mar de Lima casi 11.000 barriles de petróleo, lo que ocasionó la contaminación de 155 kilómetros cuadrados, un área equivalente a 16.000 canchas de fútbol.
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