Crisis global: el impuesto a ganancias inesperadas de grandes empresas

Es una iniciativa que tiene antecedentes en EEUU en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora Italia y Reino Unido también van a aplicar un impuesto a las ganancias inesperadas. España y EEUU están estudiando hacer lo mismo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también impulsa la adopción de impuestos de emergencia a las empresas con "beneficios excesivos" en estos años de crisis para financiar las ayudas a los sectores más afectados por las consecuencias de la pandemia y el alza de los precios de los alimentos provocados por el conflicto bélico.

En uno de los documentos presentados durante la primera jornada de su reunión de primavera y relativo a las deudas y retos que afronta el sector privado, el FMI plantea que algunas economías pueden empezar a reducir las ayudas de forma "más rápida", pero advierte que otras no están en ese punto y pueden sufrir aún perturbaciones y problemas a largo plazo.

En este sentido, el alza temporal de impuestos a empresas con beneficios excesivos es una de las opciones que plantea el Fondo para "reducir la carga" que suponen las ayudas públicas de los Gobiernos.

"El principio general de las finanzas públicas es que debes encontrar dónde están los recursos e intentas compensar a quienes más sufren", dijo el economista subjefe de la División de Estudios Económicos Internacionales del Departamento de Estudios del FMI, Juan Marc Natal.

Según Natal, las características propias de la actual crisis hicieron que mientras unas compañías en determinados sectores sufrían duras consecuencias, otras —como el comercio electrónico o las firmas tecnológicas— lograran muy elevados beneficios.

La idea, por tanto, es que estas empresas paguen un impuesto adicional y temporal que sirva para compensar al resto perjudicado. "Esto es algo que ya se ha hecho en otras ocasiones en el pasado, como por ejemplo después de guerras, y es una forma de redistribución", indicó Natal.

La base de estas iniciativas es la incorporación de una alícuota adicional en el Impuesto a las Ganancias, para ser utilizado en la financiaciónde programas de políticas públicas y funciones propias del Estado que dan sustento y cohesión al contrato social.

Existe una situación de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Sobre este contexto, los Gobiernos deben implementarlas acciones necesarias para reducir las consecuencias humanitarias, sociales y económicas que provocó, para todos los países del mundo, la pandemia ocasionada por el COVID-19, y en estos últimos meses el conflicto y las sanciones a Rusia.

En Argentina, luego de iniciar una etapa de crecimiento económico durante todo el año 2021, respaldada por el exitoso plan de vacunación, el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia trajo efectos negativos para los incipientes procesos de recuperación.

Los países en desarrollo fueron los más afectados y son los que disponen de menos herramientas y margen de acción para amortiguar los efectos de esta doble. Pero, como si esto fuera poco, el conflicto desató otra serie de dificultades económicas sobre el proceso de recuperación de la economía mundial y de los países en desarrollo.

Esto provocó aumentos extraordinarios en los precios internacionales de los alimentos, la energía y otros bienes. A esto, se suman las dificultades en la cadena de suministros aún débiles luego de la pandemia, así como también, el encarecimiento y las dificultades logísticas en el transporte de cargas en todo el mundo.

En este contexto, al registrar la inflación más elevada en cuatro décadas, EEUU comenzó a aplicar políticas monetarias restrictivas con el objetivo de controlar el proceso de aumento de precios. Estas medidas incluyen la suba de las tasas de interés y la reducción del ritmo de compra de títulos públicos. Este es otro de los componentes que impactan en la economía global y reduce las expectativas de crecimiento.

Grandes empresas, ante el alza de los precios internacionales, aumentan los precios locales, experimentan un incremento en sus márgenes y obtienen una renta extraordinaria ante la dramática coyuntura mundial. Esto repercute negativamente en la distribución del ingreso de las familias, impactando con más fuerza en los sectores vulnerables, también afectados fuertemente por la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Ante esta situación excepcional los países buscan mejores herramientas para dotar al Estado de los recursos necesarios para llevar adelante políticas públicas para apuntalar un proceso de crecimiento económico con inclusión y equidad social. Mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y contener el proceso inflacionario son objetivos fundamentales de los Gobiernos.

Cobrar un impuesto adicional a la renta inesperada de grandes empresas propone un mecanismo que contribuye a la construcción de una economía más equitativa que permite financiar infraestructura para el desarrollo productivo.

Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se dispararon los precios internacionales y se generaron incrementos desmedidos en las ganancias de las grandes empresas, EEUU instrumentó un impuesto para contener el efecto sobre el costo de vida.

También aplicó un impuesto similar en la década de los 80 para las empresas petroleras que habían tenido rentas extraordinarias.

Actualmente se han presentado en el Congreso de los EEUU iniciativas para implementar impuestos a las rentas extraordinarias, similares a los anteriores mencionados.

Italia ya aprobó un impuesto a la renta inesperada aplicable a empresas energéticas. Espera recaudar 4.000 millones de euros. Este nuevo tributo se aplicará a compañías que hayan aumentado sus ganancias entre octubre de 2021 y marzo de 2022, al menos en cinco millones de euros y se les aplica una tasa del 10% sobre el incremental respecto el período anterior.

En mayo pasado el Gobierno italiano anunció que busca elevar la tasa de 10% a 25%.

En Reino Unido, el Primer Ministro, Boris Johnson, anunció que se gravará la renta inesperada con una tasa de 25% a las compañías energéticas productoras de gas y petróleo, aplicando deducciones en caso de reinvertirla. Espera recaudar el equivalente a 6300 millones de dólares que se destinarán a subsidiar a 8 millones de hogares.

Esta experiencia en materia tributaria excepcional respalda que, ante coyunturas extraordinarias que afectan negativamente la calidad de vida y las condiciones económicas de las familias, resulta necesario que el Estado tome un rol activo generando nuevos instrumentos que permitan tomar las acciones necesarias para reducir los impactos negativos.

En este sentido apunta el objetivo de gravar las rentas inesperadas y, de ese modo, evitar una redistribución regresiva de los ingresos.

El Gobierno de Alberto Fernández en Argentina debe enfrentar una situación de desigualdades, sobre todo en un contexto donde grandes empresas se vieron beneficiadas por la crisis sanitaria y el conflicto. La política tributaria es una herramienta que puede morigerar estas diferencias y utilizar parte de esa renta extraordinaria para distribuirla sobre los sectores más afectados.

Es función del Estado impulsar políticas públicas que eviten el incremento de la desigualdad y el empobrecimiento, y para ello se utiliza la política tributaria, gravando a quienes han salido ganadores por motivos ajenos a la dinámica empresarial propia y solo fueron beneficiados por una coyuntura internacional de excepción.

La alícuota adicional en el caso argentino será del 15% y tendrá un plazo de un ejercicio fiscal y alcanzará a aquellas empresas que cumplan con las siguientes condiciones:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco del proyecto sobre erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, promovió gravar las rentas no rutinarias cuando el margen sea superior al 10%.

El Gobierno argentino estima que este tributo especial puede alcanzar a unas 350 grandes empresas.