La fiscal general, Diana Salazar, notificó a los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Finanzas, Simón Cueva, la declaratoria de emergencia, informó la radio Pichincha Universal.
La medida obedece a que existe una reducción presupuestaria sostenida durante los últimos años, lo cual no permite a la Fiscalía brindar una atención óptima a las personas que están bajo ese programa, agregó.
En la misiva en la que se comunica sobre la declaratoria, la fiscal señaló que el ente a su cargo solo cuenta con 119 agentes en todo el país para proteger a 1.100 personas en riesgo.
Además, solicitó que de manera urgente e inmediata se incremente el personal policial, el equipamiento, los medios logísticos, así como el presupuesto que es destinado para la protección y asistencia a las víctimas y testigos.
Salazar también pidió concretar una reunión con los ministros Carrillo y Cueva para encontrar una solución a los problemas detallados en la misiva.
En Ecuador, la Fiscalía General del Estado está a cargo del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
Dicho mecanismo consiste en un conjunto de acciones, a nivel nacional, para otorgar medidas especializadas de protección para garantizar la vida, integridad física y psicosocial de las personas que colaboran con las autoridades en investigaciones y procesos penales.

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