"Es una tradición del Gobierno venezolano, somos amigos del diálogo (…) ratificando el diálogo como mecanismo en Venezuela, y esto permite la verificación de los convenios y las recomendaciones que ya hizo la Comisión de Encuesta [de la OIT] el año pasado y antepasado", comentó Torres, coordinador internacional de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores y integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El 18 de abril el Gobierno, empleadores y sindicatos instalaron una mesa de diálogo social con la comisión de la OIT, que estará hasta este en el país.
En ese encuentro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra su país impacta de forma directa al sector empresarial y el ingreso de los trabajadores.
Además, pidió a la comisión OIT realizar una línea de investigación en los países con bloqueo, fin de conocer cómo ha afectado en su economía.
En ese sentido, Torres manifestó que en reiteradas ocasiones su país ha solicitado a diversas organizaciones internacionales que investiguen el daño que las sanciones causaron al salario de los trabajadores venezolanos.
"Que se avoquen a investigar lo que ha sido causante de la situación de deterioro del salario y las condiciones económicas de la clase obrera no solamente en Venezuela, en los países bloqueados como Cuba y Nicaragua, donde las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales del imperio norteamericano y sus aliados han afectado a nuestros trabajadores", comentó.
Venezuela enfrenta un bloqueo económico y más de 500 sanciones desde el 2015, cuando el entonces presidente de EEUU, Barack Obama (2009-2017), declaró a la nación suramericana como una "amenaza inusual y extraordinaria" para su país.
Maduro aumentó en marzo el sueldo mínimo a 126 bolívares (equivalentes a 30 dólares); pero los ciudadanos aseguran que es insuficiente para comprar la canasta básica.
Denuncias
La Comisión de Encuesta de la OIT en 2018 realizó una serie de recomendaciones a Venezuela, en las que pidió "el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación o cualquier otra forma de agresión" contra las organizaciones de empleadores y trabajadores que no apoyan al Gobierno.
No obstante, el parlamentario afirmó que en su país no hay presos políticos, y que sectores opositores quieren insistir en la criminalización de la protesta.
"No es justo que nos acusen de cualquier cantidad de barbaridades, pero no ven el trasfondo frente al esfuerzo que está haciendo nuestro presidente en rescatar la capacidad adquisitiva del salario y la estabilización de la economía", acotó.
Por su parte, la OIT resaltó la disposición del Gobierno venezolano para avanzar en la búsqueda de resultados concretos relacionados con los convenios que el país sostiene con el organismo.
En marzo pasado, Maduro anunció una nueva etapa del diálogo que denominó como un "reformateo", en la que no solo participará la oposición, sino todos los sectores que hacen vida en la nación caribeña.
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