"[Nos impulsa] la fuerza del amor a nuestros hijos, es lo único que nos mantiene y nos permite seguir luchando", asegura Cecilia Flores, la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, horas antes de denunciar una situación de riesgo en el refugio de seguridad del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos Y Periodistas en México.
A través de su Twitter, la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora (también organizadas como Madres Buscadoras de México) alertó que escuchó a dos personas forzando la cerradura, por lo que activó su botón de pánico, pero sin éxito. Tras un par de horas, elementos de seguridad llegaron al lugar y todo quedó en un susto, según contó la activista para Sputnik poco después de la llegada de la policía.
El mensaje de Flores se mezcló con el hallazgo del cuerpo de la joven Debanhi Escobar, dentro de una cisterna en un hotel de Laredo, en Nuevo León, en un caso que, según las autoridades, se trata de un accidente. Mario Escobar, el padre de la mujer de 18 años, resume en una frase la indignación y la impotencia que la investigación ha generado en México: "Mi hija está muerta, y no sé qué hacer".
Las madres buscadoras de México
Estas noticias se dan en una semana en la que México se despide de una de las figuras más destacadas en el tema de desapariciones, Rosario Ibarra de Piedra, fallecida el pasado 16 de abril. Porque esta problemática está lejos de ser un fenómeno reciente.
Ibarra de Piedra inició su carrera política el 18 de abril de 1975, cuando su hijo desapareció en un contexto denominado como 'Guerra Sucia', periodo entre 1970 y 1990 en el que la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) torturó y desapareció a disidentes políticos, en al menos 1.200 casos registrados por organizaciones civiles.
Para la CNDH, la labor de la DFS, incluso antes de la Guerra Sucia, se trató de un genocidio en el que se callaron voces como la del preso político Rubén Jaramillo.
Como parte de su activismo, Rosario Ibarra fundó el Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, posteriormente conocido como Comité Eureka, el cual convocó a una histórica huelga de hambre en la Catedral Metropolitana al inicio del gobierno de José López-Portillo y logró liberar a 148 personas presas en cárceles clandestinas.
La herida de la Guerra Sucia sigue abierta, más en un país que no deja de acumular desaparecidos: al cierre de 2021, la Organizaciones de las Naciones Unidas reconoce más de 95.000 personas desaparecidas en México.
De acuerdo con datos Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), creado como parte del plan de la administración actual para dar acceso a la justicia a las víctimas de la Guerra Sucia, entre 1964 y 2022 México acumula 99.272 personas desaparecidas.
En esta cifra lo mismo suman las desapariciones forzadas o aquellas relacionadas con el narcotráfico y la trata de personas; sin embargo, la complicidad entre el Estado y el crimen organizado dificulta en muchos casos limitar una línea.
"Nosotros estamos destapando lo que por mucho tiempo estuvo tapado. Sabemos que es uno mismo (el gobierno y el crimen organizado)", declara Cecilia Flores, tras asegurar que, pese a las amenazas que reciben, las autoridades incluso entorpecen sus acciones de búsqueda.
Desde mayo de 2019, cuando su hijo Marco Antonio desapareció, Flores lidera a un grupo de 2.000 personas que realizan jornadas de búsqueda de 10 horas en zonas desérticas y terrenos baldíos para tratar de encontrar un indicio sobre sus hijos.
Su tarea, contraria a recibir apoyo, suele complicarse por la burocracia de las fiscalías, quienes incluso se muestran omisos ante ataques contra la organización, como sucedió en julio de 2021 cuando fue asesinada Aranza Ramos, una madre que buscaba a su esposo y su hijo desaparecidos en diciembre de 2020 en Guaymas.
La desconfianza hacia el Estado
La colusión del Estado y el crimen organizado en México tuvo un momento crítico cuando, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, desaparecieron 43 normalistas de la Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerreo, el 26 de septiembre de 2014, y se acusó a miembros de las fuerzas federales de estar coludidos.
Entre los principales sospechosos se encontraban mandos policíacos, como el de Cocula, Felipe Flores, y el de Iguala, Francisco Salgado Balladares, quienes se habrían comunicado la noche del 26 con líderes del grupo criminal Guerreros Unidos.
A esto se suma el video difundido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el que se registró la participación de elementos de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, un mes después del caso, en el mismo lugar en el que el exprocurador Jesús Murillo Karam construyó su "verdad histórica" y afirmó que el crimen organizado había incinerado a los normalistas la misma noche de la desaparición.
Y es que, en México, si las autoridades locales no están coludidas, muchas veces entorpecen las investigaciones con trámites burocráticos que exigen que pasen más de 24 horas antes de levantar el reporte por desaparición de una persona.
En un reporte sobre desapariciones en México de la ONU, publicado en noviembre de 2021, Carmen Rosa Villa, integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas, aseguró que en el país "impera la impunidad" en la materia.
"Son ellos los que entorpecen nuestra labor, nosotros podríamos hacer más pero no nos lo permiten. Eso es a lo que más nos enfrentamos: a la apatía, insensibilidad y burocracia con sus protocolos que sólo perjudican nuestra labor", acusa Cecilia Flores.
Al cierre de esta nota, Mario Escobar se reúne con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para exigirle acceso a la investigación y para reiterar que se equivocó al confiar en la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.