"Hay muchos hechos políticos que en el tiempo coinciden con aspectos relacionados con los amotinamientos en las cárceles. Nosotros tendremos que hacer un trabajo fuerte de inteligencia para conocer cuáles son los poderosos y esta venganza de los poderosos ante los hechos políticos que están sucediendo", dijo Carrillo, entrevistado por Radio Sonorama.
A manera de ejemplo, Carrillo señaló que el motín de la cárcel de Turi sucedió a días del apresamiento en Estados Unidos del excontralor general del Estado ecuatoriano, Carlos Pólit, investigado por supuestamente utilizar el sistema financiero de ese país para lavar y ocultar dinero de sobornos recibidos.
Pólit fue contralor en el período 2010-2017, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
En 2017, la Corte Nacional de Justicia del país suramericano sentenció a Pólit a seis años de cárcel por el delito de concusión, por recibir 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de desvanecerle multas por un valor estimado de 70 millones de dólares; Pólit huyo a Estados Unidos
Tras remarcar que existen coincidencias en el tiempo entre estos hechos, Carrillo dijo que la hipótesis tiene que ser comprobada.
Hasta el momento, los datos oficiales dan cuenta de 20 personas fallecidas el 3 de abril en la cárcel de Turi.
Según los primeros informes forenses, la mayoría fueron asesinados con armas blancas; algunos cuerpos estaban mutilados y otros incinerados.
Tras las primeras requisas en la cárcel, se identificaron más de 200 indicios balísticos, lo que permite a la Policía nacional tener una idea del armamento que existe en esa prisión.
El ministro añadió que la Policía ya tomó el control de la cárcel.
Una misión de la Comisón Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó las cárceles de Ecuador en diciembre pasado, tras la serie de sucesos violentos que terminaron con el asesinato durante el año de 316 presos en diversas cárceles del país andino, a manos de sus propios compañeros, y cientos de heridos.
Como principales causas de la violencia intracarcelaria, la CIDH identificó la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado en que el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas.
El informe también advirtió que la institucionalidad del sistema carcelario estaría debilitado por la disminución de su presupuesto, falta de personal técnico y de custodia y ausencia de política penitenciaria.
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