"Los familiares exigimos, primero, que se respete ese derecho a la justicia que tenemos, una justicia que puede no ser completa [si se libera a Fujimori] y que ha sido impuesta por la Corte Suprema en un proceso público", dijo Ortiz a la radio local RPP.
Ortíz es hermana de una de las víctimas del caso La Cantuta, uno de los crímenes por los que en 2009 Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel.
Ese caso fue el asesinato en 1992 de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, "La Cantuta", a manos del Grupo Colina.
El Grupo Colina fue un comando paramilitar dirigido intelectualmente por Fujimori y que tenía la misión de luchar contra la organización terrorista Sendero Luminoso.
El 17 de marzo el Tribunal Constitucional de Perú (TC) declaró fundado un recurso de habeas corpus en favor del exjefe de Estado.
La sentencia ordenó restituir los efectos del indulto humanitario que concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en favor de Fujimori en 2017 y que le permitía salir en libertad.
Este indulto fue anulado por la Corte Suprema en 2018 luego de que se probó que había sido producto de una negociación política y no respondía a razones humanitarias.
El 30 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruana abstenerse temporalmente de liberar a Fujimori en cautela de los derechos de justicia que tienen los deudos.
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