"Ante el pedido de mis hijos, mi familia, mis abogados, instituciones, ex Presidentes, Iglesia Católica, amigos, algunos niños, asamblea de la cruceñidad y los valientes huelguistas solidarios, esta noche levanto mi huelga de hambre", publicó la exgobernante en Twitter poco después de la pasada medianoche.
Áñez, quien está en detención preventiva hace ya casi un año, se había declarado en ayuno voluntario el 9 de febrero, un día antes de la instalación del primer juicio ordinario por el golpe, acto que resultó pospuesto hasta el 28 de marzo.
"Gracias por su apoyo al pueblo boliviano", añadió la exgobernante en el mensaje en la red social operada por sus colaboradores, que incluyó una imagen de una carta manuscrita en la que Áñez pedía "perdón a Dios" por el ayuno y reiteró su propósito de "seguir luchando por una justicia independiente".
La exmandataria puso fin a su ayuno horas después de que grupos cívicos y empresariales de Santa Cruz (este), en una reunión a que la asistió su hija, Carolina Ribera, decidieran pedirle que levante la protesta y declararan un paro regional para el 4 de marzo en rechazo a la "persecución política".
Previamente, familiares y políticos derechistas como el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) habían pedido también a la exgobernante que abandone la huelga.
El relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Diego García-Sayán, quien rehusó reunirse con Áñez durante una visita de ocho días al país que concluyó el 22 de febrero, dijo que los opositores con los que conversó, incluidos abogados de la exgobernante, no le habían mostrado "hechos que sustenten una persecución política".
En el juicio programado para comenzar el 28 de marzo, Áñez y varios excomandantes militares y policiales enfrentarán acusaciones de violaciones de la Constitución y las leyes y de incumplimiento de deberes, como la fiscalía tipificó a los presuntos delitos que configuraron el golpe de 2019.
Las acusaciones se centran en los actos y declaraciones de los acusados que culminaron en la autoproclamación de Áñez como presidenta del Senado pese a ser representante de la minoría y luego presidenta del parlamento y del Estado, tras el derrocamiento de Evo morales (2006-2019).
En un segundo juicio por el mismo caso y que está todavía en preparación, Áñez está acusada junto con varios líderes y operadores políticos conservadores.
Por separado, el Tribunal Supremo ha pedido al parlamento autorización para cuatro juicios de responsabilidades por presuntos delitos ocurridos durante la gestión presidencial de Áñez, incluyendo masacres y otras violaciones de derechos humanos.