La situación epidemiológica mejora
La pesadilla de ómicron en Italia aún no ha terminado, pero ya se ve la luz al final del túnel. Después de tres meses de aumento ininterrumpido de contagios con COVID-19, la curva se invirtió: en los últimos siete días de enero las autoridades sanitarias reportaron un descenso de casos de un 24%, respecto a la semana anterior.
También mejora la situación en las estructuras sanitarias, donde el número de los hospitalizados ya está por debajo de 20.000 y el de los enfermos graves se acerca a 1.500.
Además, llegan mensajes esperanzadores de las entidades internacionales. Este 3 de febrero el director regional europeo de la Organización Mundial de Salud (OMS), Hans Kluge, declaró que en el Viejo Continente se denota un "contexto que aún no hemos tenido en esta pandemia" y que "nos da la tranquilidad para un periodo largo y un nivel mucho más alto de defensa de la población contra cualquier transmisión".
De hecho, varios países europeos empezaron a relajar de las medidas contra el COVID. El Reino Unido y Dinamarca ya levantaron las restricciones y abolieron el pase sanitario, mientras Suecia seguirá su ejemplo el próximo 9 de febrero.
Relajación de medidas a la italiana
Por ahora Italia mantiene una actitud más reservada. Tras todos los esfuerzos del Gobierno para imponer la vacunación a la población a través de la extensión del uso obligatorio del Super Green Pass (pase sanitario reforzado) es impensable que Italia siga el modelo inglés y escandinavo y lo cancele completamente.
De momento, las medidas restrictivas ya aprobadas siguen en vigor. El 1 de febrero la vacunación se hizo obligatoria para los mayores de 50 años y el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, firmó una ordenanza que prorroga el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores para otros diez días. Al mismo tiempo, admitió que después de esta fecha el Gobierno podría empezar a relajar las medidas de prevención.
Sin embargo, ya el día siguiente la Cabina de Dirección, a saber, el Comité del Gobierno que coordina la lucha contra la pandemia, anunció que el pase sanitario reforzado será ilimitado para los que se hayan curado del COVID-19 y inmunizado con dos dosis de vacuna o, en alternativa, para los que se hayan puesto tres inyecciones.
En el contexto italiano es una decisión que parece casi revolucionaria. El Super Green Pass, que se concede solo a los vacunados o a los curados y de momento tiene una duración máxima de seis meses, se convirtió en una condición sine qua non para la mayor parte de las actividades sociales.
Que se trate de ir al trabajo, comer en restaurantes, cortarse el pelo en la peluquería o incluso tomar un café en un bar, los italianos deben presentar el certificado verde. Los que no se quieren vacunar pueden entrar tan solo en supermercados, farmacias o tiendas de productos de animales.
Motivos políticos
La última iniciativa del Gobierno sobre el Super Green Pass, que prácticamente excluye la obligación de ponerse otras dosis de vacuna, no tardó en ser criticada. La Fundación médica Gimbe indicó que la duración del certificado debería adaptarse a la eficacia de la vacuna contra la variante ómicron.
En palabras del director de Gimbe, Nino Cartabellotta, "siendo un instrumento que restringe las libertades personales, la certificación verde no puede tener una duración ilimitada. Cualquier decisión política deberá ser revisada periódicamente en base a la aparición de nuevas evidencias, pero hay que fijar un plazo preciso de su expiración".
Sin embargo, parece que la suspensión de la expiración del pase sanitario fue dictada por consideraciones políticas y no médicas. En Italia aún quedan casi cinco millones de adultos que no han recibido ni siquiera una dosis de vacuna y las autoridades hacen de todo para convencerlos a cambiar de idea.
Si las multas y la suspensión del trabajo para los que se niegan a vacunarse es una medida punitiva, la duración ilimitada del Super Green Pass es más bien un incentivo para vencer su resistencia por las buenas: en pocas palabras, el Gobierno promete dejar en paz a los ciudadanos que se vacunen. El problema es que los que aún no se han vacunado son los opositores más convencidos a la vacunación y no está del todo claro si con sus incentivos y amenazas el Gobierno acabará por vencer su resistencia.