México se defenderá de la demanda que interpuso el conglomerado estadounidense Legacy Vulcan para cobrar 500 millones de dólares como indemnización, luego de que las autoridades mexicanas frenaran las actividades de la empresa por daño ambiental en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Legacy Vulcan exige esta cantidad de dinero porque el Gobierno de López Obrador no les amplió la concesión que tenían desde la década de 1990 para explotar un banco de piedra caliza, materia prima que abunda en esta zona del sureste mexicano.
"Vamos a recurrir a la ONU [Organización de las Naciones Unidas] si no hay acuerdo, y no es amenaza ni advertencia, es sencillamente que ya se acabó la impunidad. Estoy seguro que los accionistas principales no saben de esta tragedia, estamos hablando de la destrucción de 500 hectáreas", comentó el presidente de México durante su conferencia de prensa del 1 de febrero.
El 3 de enero de 2019, la compañía estadounidense acusó al Gobierno mexicano de provocarle pérdidas millonarias e impedir sus operaciones e inversiones, alegando que ese acto atentaba contra el marco normativo del entonces llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sin embargo, López Obrador asegura que esa acusación no tiene fundamento legal, por lo cual su Administración se defenderá ante todas las instancias posibles para no pagar la indemnización requerida.
Según el mandatario mexicano, la concesión a Legacy Vulcan fue otorgada durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando la secretaria del Medio Ambiente era Julia Carabias.
"Es como la gran defensora del medio ambiente, imagínense entregar un permiso para extraer materiales de construcción a mil metros de la playa del Caribe, del mar turquesa, de las zonas más bellas del mundo, siempre el doble discurso, la doble moral", criticó López Obrador sobre Julia Carabias.