"México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la OCDE", indica el informe anual del organismo internacional.
El país con la segunda economía más grande de Latinoamérica mantuvo una calificación de 31 puntos, en una escala de 0 a 100.
México fue también de los peores evaluados dentro del Grupo de 20 países industrializados y emergentes (G20), ocupando la posición 18 de un total de 19 países analizados.
En ese grupo de las grandes economías globales, "México se coloca por encima de Rusia, que se ubicó en la posición 19", detalla el informe de los resultados de las encuestas, que recogen la percepción de los entrevistados.
El documento de le edición 2021 presentado en Berlín registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas.
México comparte la misma calificación que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea.
Los países mejor evaluados son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos), y los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo 11 puntos.
Prioridad del gobierno y sociedad
El control de la corrupción ha sido una prioridad del Gobierno y la sociedad mexicana en los últimos años y uno de los factores que en 2018 definió la elección federal a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuenta con un amplio apoyo social para abordar este tema.
Sin embargo, no avanzan las investigaciones de casos definidos como "emblemáticos", como la llamada "Estafa Maestra" para desviar fondos de universidades públicas, los sobornos pagados por la constructora Odebrecht, y la compraventa con sobreprecio de una planta de fertilizantes agronitrogenados que hizo la estatal Pemex, así como los presuntos delitos de varios expresidentes, entre otros.
A pesar del discurso oficial, esos escándalos "no han sido aún sancionados en materia penal" señala TI.
Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción, "y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente", puntualiza el informe.
TI señala una creciente preocupación por "el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas", que no son vistas como órganos independientes al Gobierno.
En esa dirección, la gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas, sugiere la organización.
"Los integrantes de las redes [de actos ilegales] deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional" indica TI en la sección de recomendaciones.
Por ejemplo, las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción "deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos".
El Gobierno de México tiene un amplio apoyo social para enfrentar a las redes de corrupción que según TI se mantienen "vivas, operantes, y en muchos casos vinculadas a redes criminales".
"Es momento de cumplir la promesa gubernamental de devolverle al pueblo lo robado", termina el documento.