Para todos los responsables políticos que están haciendo frente desde el poder a la pandemia de COVID y sus variantes, la disidencia sanitaria está representada por una minoría de ciudadanos. Desde hace dos años, las medidas que esas minorías consideran como liberticidas han sido utilizadas con fines políticos y, en algunos casos, las propias instituciones judiciales de algunos países han juzgado ilegal la imposición del estado de alarma o de emergencia.
La ignorancia inicial sobre el asunto, la improvisación o los diferentes criterios científicos, han contribuido a un escepticismo popular que solo la utilización de las cifras de fallecidos o contaminados para provocar el temor ha podido vencer.
La incoherencia de las medidas adoptadas por algunos gobiernos contribuye a multiplicar el descontento de una parte de los administrados que, sin ser antivacunas, denuncian la imposición de normas que consideran absurdas y contradictorias.
Medidas radicales
El actual rechazo al pase sanitario o al pase de vacunación en diferentes países es, sin embargo, a veces, expresado en términos absolutamente desproporcionados o innobles. Manifestarse con estrellas amarillas adosadas al pecho demuestra un grave desconocimiento de la historia y un desprecio a las víctimas judías del nazismo.
Algunos dirigentes políticos europeos piensan que sus esfuerzos pedagógicos para hacer comprender lo que consideran una grave crisis sanitaria han llegado a un límite y se decantan por medidas radicales. En Austria, el rechazo al pase que certifica la vacunación puede costar una multa de 600 euros cada tres meses. En Italia, los no vacunados no pueden viajar en el transporte público tras la medida adoptada por el ejecutivo de imponer la vacunación obligatoria. Letonia admite que las empresas concedan vacaciones no pagadas a los "disidentes sanitarios".
Francia es el país europeo donde ese rechazo de una pequeña parte de la población se ha traducido en una inusitada violencia contra los representantes políticos. Todavía permanece en la retina de los franceses las imágenes del diputado "macronista", Stéphane Clairveaux, atacado por sus vecinos en la puerta de su domicilio con el lanzamiento de diferentes objetos en lo que él mismo denominó "algo parecido a una lapidación".
Políticos agredidos
Según cifras oficiales, desde enero a noviembre de 2021, 1186 representantes políticos franceses han sufrido ataques de distinto tipo, entre ellos, 162 parlamentarios y 605 alcaldes o vicealcaldes. Para el especialista en historia parlamentaria de ese país, Christophe Bellon, citado por la prensa, "la multiplicación de actos violentos contra los diputados no tiene equivalente bajo la V República" (en vigor desde 1958).
Agresiones físicas, domicilios incendiados o sedes electorales destrozadas, son hechos recogidos por los medios de comunicación y por las autoridades policiales cada semana. Las amenazas de muerte a través de las redes sociales —300 en el mismo periodo— van desde las promesas de "decapitación" o "degüello", a "un gigantesco baño de sangre", si los senadores o diputados no se oponen a las medidas antipandemia.
El 13% de los franceses aprueba los actos violentos contra sus representantes políticos; 6 de cada diez los comprende sin aprobarlos. (Datos recogidos por el instituto de estudios "Fondapol", en noviembre de 2021).
Desconfianza en las instituciones, brutalidad de Macron
En Francia, de todos modos, la violencia contra los políticos no data del inicio de la pandemia. La propuesta del Gobierno de Emmanuel Macron de prohibir ciertos pesticidas en 2019 ya provocó una ola de amenazas. Las protestas de los chalecos amarillos, cuando sus inquietudes fueron desviadas por los más violentos, despertaron definitivamente los temores entre los representantes del pueblo, y del gobierno en primer lugar.
Para el director de investigación del CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica), Luc Rouban, "los chalecos amarillos o los antivacunas son el fruto de una profunda desconfianza, incluso aversión, hacia las instituciones y, por lo tanto, hacia todo lo que procede del poder".
El presidente Emmanuel Macron, que en su discurso de principios de año se mostró arrepentido por algunas de sus bruscas declaraciones pasadas, cambió de actitud en pocos días y arremetió contra los antivacunas. "La inmensa falta moral de los antivax es que destruyen la solidez de la nación", dijo. "Cuando mi libertad amenaza la de los demás, me convierto en irresponsable, y un irresponsable no puede ser considerado como ciudadano", añadió. Para rematar la andanada, el jefe del Estado aseguró que "fastidiaría" a los antivacunas hasta el final". El verbo francés utilizado por Macron (emmerder), literalmente llenar de mierda, podría también traducirse en español como "joder" o putear".
"Operación mediático-política deshonesta"
La brutalidad verbal del primer mandatario francés no puede compararse con los actos vandálicos de los radicales violentos, pero tampoco ayuda a apaciguar los ánimos en un país que, como muchos de sus vecinos, ha visto multiplicada la crispación política en esos últimos dos años. Ni siquiera la proximidad de la cita electoral de abril, en la que el presidente Macron se juega su reelección, puede justificar un comportamiento que sus partidarios consideran, sin embargo, apropiado para luchar contra sus rivales "populistas de extrema izquierda y extrema derecha".
Toda la oposición, y no solo los "extremos", temen que Emmanuel Macron utilice la crisis sanitaria para mantener un control ciudadano y ocultar otros problemas que podrían dañar su empeño electoral.
La filósofa Barbara Stiegler lo explica a su manera en las páginas del diario izquierdista Libération: "Reducir las manifestaciones a multitudes llenas de odio, irracionales e indiferentes al bien común ha sido una de las operaciones mediático-políticas más deshonestas de esta crisis sanitaria".
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK