La prisión de Guantánamo cumplió el 11 de enero 20 años. Llegó a tener casi 800 presos y actualmente todavía mantiene a 39 personas encarceladas. El país que establece la lista de qué naciones son democráticas y cuáles no, que emite informes de quiénes violan los derechos humanos y quiénes no, el que denuncia prisiones, campos de concentración y gulags es el que tiene funcionando lo más parecido a todo eso que critica desde hace 20 años.
Un campo de concentración en un enclave fuera de sus fronteras, rodeado de mar, caimanes y alambradas; que se crea con un memorándum secreto y fuera de la jurisdicción legal de Estados Unidos con el objetivo de que los prisioneros no tuvieran derecho a ninguna de las protecciones de las leyes internacionales. Y que sigue ahí con personas encarceladas 20 años después.
"Secuestrados y torturados"
Amnistía Internacional ha recordado en este 20 cumpleaños que "antes de pasar a estar en reclusión indefinida en Guantánamo, muchos fueron secuestrados, sometidos a desaparición forzada y torturados brutalmente en centros de detención secreta dirigidos por Estados Unidos o por los llamados aliados en la 'guerra contra el terror'. Torturados también en Guantánamo, muy pocos fueron acusados de delitos y ninguno fue sometido a un juicio con las debidas garantías".
En cuanto a los procesos judiciales, afirma que "las kafkianas comisiones militares establecidas para juzgarlos demostraron ser ineficaces e injustas, ya que negaron a los acusados un arbitraje imparcial y el acceso a pruebas fundamentales y privaron a las víctimas de su derecho a obtener justicia. Mientras, los familiares de las víctimas del 11 de septiembre han esperado en vano que se haga justicia".
La prueba de que Estados Unidos sigue actuando con impunidad en Guantánamo es la existencia de los 39 hombres que todavía quedan.
Según Amnistía Internacional, "13 permanecen en detención indefinida a pesar de haberse aprobado su traslado de allí, en algunos casos desde hace más de un decenio, 12 se enfrentan a cargos ante las comisiones militares, y los 14 restantes viven en un limbo infernal, ya que aún no tienen el visto bueno para su traslado ni están acusados de ningún delito. Su terrible situación es consecuencia de los grandes principios que prevalecen en Guantánamo desde su creación: crueldad y arbitrariedad".
Creación de la prisión
El centro de detención de Guantánamo se crea tras la firma de George W. Bush, en noviembre de 2001, de una orden ejecutiva en materia militar sobre "Detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo", por la que, el entonces presidente, autorizó al Pentágono a mantener a ciudadanos no estadounidenses bajo custodia indefinida sin cargos. Los 20 primeros prisioneros llegaron el 11 de enero de 2002.
Las autoridades estadounidenses la han usado como centro de detención para acusados de terrorismo, la mayoría de ellos detenidos en Afganistán durante la invasión de este país, que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El plan era considerar a esos presos "combatientes enemigos ilegales" (la mayoría estaban acusados de pertenecer a los talibanes (sancionado por la ONU por actividad terrorista) o a Al Qaeda (proscrito en Rusia), y no prisioneros de guerra, por lo que Estados Unidos entiende que no tiene por qué aplicarles la Convención de Ginebra y, por tanto, que puede retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a la representación de un abogado, algo que ha sido criticado por gobiernos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.
Tuvieron que pasar cuatro años, hasta marzo de 2006, para que el Pentágono revelara por primera vez la identidad de algunos detenidos en Guantánamo.
La prisión de Guantánamo es sólo una parte del sistema de centros de detención que mantiene EE UU en el exterior, y que incluía cárceles en Irak y Afganistán, así como toda una estructura de vuelos secretos para mover a los presos.
"Símbolo del desprecio al estado de derecho"
También la organización Human Rights Watch se ha pronunciado en este triste aniversario: "En todo el mundo, Guantánamo sigue siendo uno de los símbolos más perdurables de la injusticia, el abuso y el desprecio por el estado de derecho que Estados Unidos desató en respuesta a los ataques del 11 de septiembre", dijo Letta Tayler, directora asociada de Crisis y Conflicto de Human Rights Watch.
Letta Tayler y Elisa Epstein han elaborado un informe donde evalúan los costos masivos de las transferencias ilegales, la detención secreta y la tortura estadounidenses después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El documento, hecho público el 9 de enero con motivo de los 20 años de la prisión de Guantánamo, se titula Costs of War y es un proyecto del Instituto Watson de la Universidad de Brown y Human Rights Watch.
En él recuerdan que, en estos veinte años, "con la participación de al menos 54 gobiernos, la CIA transfirió en secreto y extrajudicialmente al menos a 119 musulmanes extranjeros de un país extranjero a otro para ser detenidos en régimen de incomunicación e interrogatorios severos en varios sitios negros de la CIA. Al menos 39 de ellos fueron sometidos a submarinismo (ahogamiento simulado), walling, alimentación rectal (una forma de violación) y otras formas de tortura. El ejército de EEUU también retuvo a miles de detenidos de seguridad y prisioneros de guerra musulmanes extranjeros, incluidas algunas mujeres y niños, en sus centros de detención en el extranjero, incluidos Abu Ghraib en Irak, la base aérea de Bagram en Afganistán y su base naval en Guantánamo, y también sometió a muchos a abusos físicos y psicológicos".
También señalan que "los cinco presos acusados de planear los ataques del 11 de septiembre aún no han sido llevados a juicio, privándolos del debido proceso y a los supervivientes y las familias de las cerca de 3.000 personas que murieron en los ataques a su derecho a la justicia".
Solo el 8% tenía relación con Al Qaeda
Un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall concluye que al menos el 55% de los prisioneros detenidos en Guantánamo nunca participaron en ningún acto hostil contra los EE UU y solo el 8% tuvo alguna asociación con Al Qaeda (proscrito en Rusia). Muchos alegan que fueron detenidos a cambio de recompensas basadas en pruebas falsas.
Human Rights Watch denuncia que "aunque el presidente Barack Obama declaró el fin de la detención secreta y la tortura al asumir el cargo en 2009, las prácticas antiterroristas crueles e ilegales adoptadas por Estados Unidos en respuesta al 11 de septiembre continúan hasta el día de hoy, al igual que sus repercusiones".
Y recuerda que "ningún funcionario del Gobierno de EE UU ha sido responsabilizado por crear, autorizar o implementar los programas secretos de detención y tortura de la CIA. (…) Al igual que los presidentes Obama y Donald J. Trump antes que él, el presidente Joseph R. Biden no ha mostrado interés en publicar un informe que descubra la verdad sobre la tortura, y mucho menos investigar criminalmente a los arquitectos del programa Entregas, Detenciones e Interrogatorios (RDI, por sus siglas en inglés) u otros programas posteriores al 11 de septiembre. Además, Biden también se opone a permitir que la Corte Penal Internacional incluya abusos cometidos por ciudadanos estadounidenses en su investigación sobre graves crímenes contra los derechos humanos en Afganistán".
Exigencias de cierre
Ya en 2006, las Naciones Unidas, sus correspondientes relatores de Derechos Humanos, su comité contra la Tortura y hasta el Parlamento Europeo exigieron el cierre de Guantánamo. Un cierre que no han dejado de demandar las organizaciones de derechos humanos.
Porque otra de las circunstancias que han rodeado al centro de atención de Guantánamo ha sido las constantes promesas de su cierre por parte de todos los presidentes estadounidenses y no cumplidas por ninguno.
El propio expresidente, George W. Bush, expresó en diversas ocasiones durante 2008 "su deseo de cerrar Guantánamo", pero aducía que algunos procesos judiciales no se habían cerrado y muchos países se negaban a aceptar a los detenidos.
Todos prometían cerrar la prisión
Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de ese mismo año, los dos principales candidatos, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, se comprometieron a cerrar el campo de concentración si llegaban al poder.
Y pronto hará un año que Biden puso en marcha una revisión formal del futuro de la prisión militar reviviendo el objetivo de cerrar la controvertida instalación. Precisamente este mes de enero, el Departamento de Defensa estaba construyendo una segunda sala de audiencias para los juicios de la comisión militar en Guantánamo, lo que sugiere que la administración Biden no tiene planes de cerrar las operaciones allí en corto plazo.
"Han reemplazado la tortura por la muerte"
Lo más tenebroso es la razón por la que, en opinión de Human Rights Watch, en la actualidad hay menos presos en Guantánamo, sencillamente porque los nuevos gobiernos estadounidenses "han reemplazado la captura por la muerte, realizando ataques aéreos, a menudo con drones armados que han matado a miles de civiles, incluso fuera de los campos de batalla reconocidos".
Quizás lo más insultante de todo esto es que, probablemente, lo que hay detrás del crimen de Guantánamo y de la denominada "guerra contra el terrorismo" es solo un negocio.
Los contribuyentes estadounidenses gastan 540 millones de dólares al año solo para mantener a los presos en Guantánamo, lo que equivale a casi 13 millones anuales por preso, según una investigación de 2019 realizada por The New York Times. Esta estimación incluye el costo de casi 2.000 guardias o la atención médica para los detenidos que ya son ancianos. Los costos reales podrían ser mucho más altos ya que la estimación no incluye gastos clasificados, como la presencia de la CIA en la base.
Un negocio de billones de dólares
En 2018, la "Guerra contra el terrorismo" ya había costado a los contribuyentes estadounidenses casi tres billones de dólares, según un estudio del grupo de expertos Stimson Center. El proyecto Costs of War de la Universidad de Brown, estimaba en septiembre de 2021 que la cifra era de más de 5,84 billones, u ocho billones contando la atención futura estimada para los veteranos hasta 2050. Los estudios no incluyen desgloses por detenciones en el extranjero.
Visto lo visto, creo que, cuando oigamos a los presidentes y altos cargos estadounidenses hablar de derechos humanos al resto del mundo mientras mantienen Guantánamo funcionando, deberíamos responder con el titular del editorial que escribió el director del diario egipcio Al-Ahram, Osama Saraya: "¡El diablo predica!".
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK