Una fuerte oposición a su ley para incrementar impuestos y reformar el marco laboral, su involucramiento en los denominados Pandora Papers (los Papeles de Pandora) sobre empresas offshore —que pudo costarle un juicio político— y protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y otros grupos sociales fueron algunos de los asuntos que lo pusieron en jaque.
Sus enfrentamientos con la Asamblea Legislativa (Parlamento unicameral) llegaron a un punto en el que estuvo al borde de aplicar la denominada 'muerte cruzada', figura constitucional que le permite disolverla y a convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
Pese a todo, el Gobierno de Lasso pudo poner en vigencia las reformas tributarias que le supondrán ingresos al fisco por 1.900 millones de dólares en los dos primeros años, ya que los legisladores contrarios no lograron reunir los 70 votos necesarios para bloquearlas.
Mientras, la Contraloría de la Nación decidió archivar una investigación contra el presidente por el caso de los Papeles de Pandora al no encontrar elementos que demuestren que a la fecha de la inscripción de su candidatura presidencial haya sido propietario de bienes o capitales en paraísos fiscales. La Asamblea Nacional tampoco aceptó iniciar un juicio político.
Y finalmente, las protestas sociales se detuvieron, aunque se espera que retornen en enero.
Segundo 'round'
Pero 2022 no estará exento de conflictos y enfrentamientos políticos, pues el Gobierno de Lasso mantiene su debilidad al no tener un bloque político fuerte en la Asamblea Nacional y depende de votos que no son exclusivamente de su partido político para aprobar leyes.
"El Gobierno ha ganado el primer round de la disputa, pero es solo un triunfo coyuntural. Cada vez que quiera pasar una ley tendrá que negociar. La crisis que ha superado en este año es una crisis que se reproducirá en varias ocasiones el año que viene y hay un porcentaje muy alto de que la muerte cruzada se dé en algún momento en 2022", dijo a la Agencia Sputnik el analista político Decio Machado, de la Universidad Nómada del Sur.
El próximo enfrentamiento con la legislatura llegará a propósito de las reformas que planea el Ejecutivo para flexibilizar el mercado laboral, que según los sindicatos afecta los derechos adquiridos, aunque la administración de Lasso asegura que creará fuentes de trabajo, en un país fuertemente golpeado por la pandemia de COVID-19, sobre todo en 2020.
La analista Caroline Ávila, catedrática de Comunicación Política de la Universidad de Azuay (en el sur del país), indicó a esta agencia que Lasso supo manejar los escenarios adversos y obtener cierto margen para avanzar en su agenda económica, pese a que es previsible que se iniciará una pugna encarnizada, expresada en acciones legales contra la ley tributaria.
"La aprobación de la ley evidencia las divisiones y concesiones en el Legislativo, pero también el manejo que ha hecho el Gobierno para aprovechar esa situación y avanzar en su agenda económica que al momento es la que más urgencia tiene", afirmó Ávila.
El pacto
Expertos coinciden en que el Gobierno está jugando con tiempo prestado pues las negociaciones con la Asamblea, que permitieron aprobar la reforma tributaria, le darán muy poco oxígeno.
La reforma tributaria, que tuvo que ser replanteada por el Ejecutivo ante el rechazo inicial de la Asamblea, fue aprobada gracias a que el bloque Unión por la Esperanza (UNES), cuyo máximo líder es el expresidente Rafael Correa (2007-2017), se abstuvo de votar una moción para negar y archivar el proyecto.
En círculos políticos y legislativos se comenta que la posición de UNES en esa votación obedeció a un acuerdo con el Gobierno de Lasso para dejar que pase la ley a cambio de obtener la libertad para el exvicepresidente Jorge Glas, en prisión desde 2017 por un caso de corrupción ligado a la empresa brasileña Odebrecht, aunque el bloque legislativo lo niega.
"Es evidente que hubo un pacto, que tiene que ver posiblemente con la salida de Glas a un arresto domiciliario. Eso es lo que explica la actitud del correísmo a una ley a la que se había opuesto, pero para la que abrió el camino para su expedición. Estos acuerdos tienen un tiempo limitado, más aun para un Gobierno sin bases que ganó las elecciones por la resistencia en el país a un eventual regreso del correísmo", comentó Machado.
14 de diciembre 2021, 02:51 GMT
Las elecciones seccionales
Las elecciones seccionales de 2023, en las que se elegirán autoridades municipales y locales, serán uno de los temas centrales ya el año próximo, pues las distintas fuerzas políticas comenzarán a armar sus estrategias con miras a captar al electorado.
"Mucho de lo que pase en esta pugna con el Gobierno, a favor o en contra, terminará jugando para las seccionales. Quienes estén más hacia la derecha tratarán de configurar un acuerdo más profundo y quienes estén más hacia la izquierda tendrán que radicalizar sus posiciones si quieren captar la atención de los electores en el año preelectoral", destaca Ávila.
Por el momento, lo que está claro es que el próximo año las distintas fuerzas políticas tendrán que visibilizarse ante los ojos de los electores, marcar su territorio y sus diferencias con el Gobierno y con las otras agrupaciones políticas que estarán en la carrera para captar los gobiernos locales, lo que puede determinar un escenario complejo.
Con una Asamblea debilitada por sus actuaciones, el mayor descontento se podría ver en las calles, especialmente con movilizaciones, sobre todo por grupos de clase media que empiecen a sentir los efectos de la reforma tributaria, y sectores como el educativo que comiencen a mirar los efectos de recortes presupuestarios, así como de trabajadores sindicalizados que rechacen las reformas laborales.
"Las calles tendrán reacciones más fuertes que lo que se pueda encontrar en el discurso del Legislativo", alertó Ávila.