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Uruguay ante referéndum de halterofilia

MONTEVIDEO (Sputnik) — Un inminente referéndum en Uruguay contra varios artículos de una "ley ómnibus" estandarte del Gobierno y duramente criticada por la oposición amenaza con convertirse en una intensa competencia de fuerzas entre ambas partes de cara a las elecciones de 2024.
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Mientras el opositor Frente Amplio (centroizquierda) —que impulsó la consulta popular junto con la central sindical única PIT-CNT— procurará un buen resultado que lo reposicione frente a los próximos comicios, la coalición de partidos de centro y derecha en la que se sostiene el Gobierno de Luis Lacalle Pou buscará una virtual ratificación popular a su gestión.
El 8 de diciembre, la Corte Electoral validó las firmas necesarias para la convocatoria del referéndum que busca derogar 135 de los nada menos que 476 artículos de la denominada Ley de Urgente Consideración (LUC), una promesa de campaña de Lacalle Pou que incluye modificaciones legales en las áreas que su Partido Nacional (centroderecha) fue más crítico a la anterior administración frentista: educación, seguridad, derecho a huelga, inclusión financiera, etcétera.
Algunos de los artículos más polémicos que el referéndum busca derogar se refieren al derecho de huelga. La LUC limita las ocupaciones de espacios laborales y establece el derecho de ingreso a quienes quieran trabajar. Asimismo, se consideran ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos.
El referéndum también quiere derogar las disposiciones que extienden el concepto de legítima defensa, alargan de 2 a 4 horas el plazo que tiene la policía para informar a la fiscalía una detención y le dan potestades a policías y militares para el registro de personas y autos en procedimientos preventivos.
También se pretenden dejar sin efecto algunas modificaciones que hizo la LUC al estatuto de la educación, que eliminan la participación docente en los consejos de dirección y redefinen la obligatoriedad de la enseñanza, así como las referidas a los alquileres sin garantía, que reducen los plazos de desalojo.
La Corte Electoral tendrá 120 días corridos para convocar a la consulta popular.
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Muestras de fuerza

"Del lado de la izquierda, con este referéndum empieza a medir su fuerza electoral de cara al 2024. (…) igualmente no significa un anticipo de las elecciones de 2024", dijo a el politólogo Óscar Bottinelli, director de la encuestadora Factum.
En la misma sintonía, el politólogo Gabriel Delacoste, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, dijo que esta consulta popular es "una medida de fuerza de los actores políticos en una situación nueva".
"Se va a poder ver qué pasa después de dos años de Gobierno, si la relación de fuerzas es la misma o no, el resultado va a tener consecuencias políticas muy importantes. Pero en un sentido estricto, el Gobierno va a seguir teniendo mayorías parlamentarias", agregó.
La LUC, promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de julio de 2020, es una de las normas más importantes del actual Gobierno, defendida por Lacalle Pou como "buena, justa y popular".
Pero el Frente Amplio advierte que supone la pérdida derechos y libertades, y que se legisló a favor de los más privilegiados.
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La consulta popular, en la que los cuidadanos deberán votar por sí o por no, será de participación obligatoria.

Mucho por perder

Tanto Bottinelli como Delacoste aseguraron que una derrota por parte del Gobierno sería una "deslegitimación general" del Poder Ejecutivo, pero especialmente del presidente.
"Para el presidente y para el Partido Nacional sería un golpe muy duro, porque además el presidente pierde autoridad frente a sus socios Partido Colorado (centroderecha) y Cabildo Abierto (derecha)", dijo Bottinelli, refiriéndose a los demás miembros de la coalición gobernante —denominada "multicolor"—, que también integran el Partido Independiente (centroizquierda) y el Partido de la Gente (derecha).
Por su parte, Delacoste consideró que, en esta lucha, el Gobierno tiene mucho más que perder que el Frente Amplio.
"Una derrota sería una deslegitimación general de la agenda del Gobierno, entonces pasaría a estar en una especie de parate (…) En cambio, para el Frente Amplio no es lo mismo. Más oposición no se puede ser, ya perdió las elecciones" de 2019, agregó.
No obstante, afirmó que en caso de perder, también sería un "golpe grande" para la izquierda, ya que muchos de los esfuerzos del Frente Amplio y de la militancia se recuperaron con la recolección de firmas para el referéndum luego de la derrota de los últimos comicios.
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"Hubo una gran recuperación de la moral con la campaña de las firmas y más aun con su éxito. La derrota del referéndum sería un golpe subjetivo muy duro", advirtió.
Factum divulgó el 7 de diciembre el resultado de una encuesta sobre la intención de voto de cara al referéndum.
El estudio señala que el 51% de los consultados se manifestó a favor de la LUC, 39% en contra y 10% "está indeciso o votaría anulado". Por ahora, es final abierto.
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