Tras una jornada de discusión en la Ciudad de México, la organización multilateral dio a conocer una propuesta de desarrollo basada en la solidaridad para atender la desigualdad, la transición económica, la integración y una nueva institucionalidad democrática, detalló Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno de Argentina.
La funcionaria reiteró que las fuerzas conservadoras latinoamericanas ejercen persecución judicial contra líderes progresistas en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y España, una realidad que debe combatirse.
Además, Gómez Alcorta estimó que la democracia regional está amenazada por la violencia y prejuicios racistas que deben regularse con leyes democráticas y apoyó la convocatoria para que las Naciones Unidas realice una asamblea general para buscar salidas coordinadas a la pandemia de COVID-19 que amenaza al mundo, pues los países pobres tardarían hasta cinco décadas en alcanzar una vacunación completa de sus pobladores.
Asimismo, la funcionaria llamó a los Estados más ricos del mundo a aportar fondos para frenar el uso de combustibles fósiles y fortalecer al Sur Global y respaldó el llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que los países del G20 y las riquezas más nutridas del mundo creen un fondo para combatir la pobreza, tal y como lo propuso el mandatario ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Los puntos expuestos por Gómez Alcorta constituyen parte de la declaratoria de integración solidaria elaborada por el Grupo de Puebla, que también fue leída por la jurista Carol Proner, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Durante su participación, Proner indicó que la militarización ha demostrado ser obsoleta en el combate a los problemas de Latinoamérica.
La derecha y la ultraderecha en la región, dijo, estigmatizan a la población migrante, por lo que sus países deben garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas desplazadas.
La jurista pidió también que las autoridades de Colombia retomen diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y pidió a Nicaragua garantizar la estabilidad social, mientras que condenó las sanciones unilaterales impuestas desde Estados Unidos contra el país centroamericano.
El Grupo de Puebla llamó también a levantar las sanciones impuestas a Venezuela desde Estados Unidos, lo que, explicaron, ha impedido la libre adquisición de medicamentos ante el coronavirus.