Se trata de una medida con la que el Gobierno federal busca asegurar la construcción de proyectos prioritarios del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al declararlos asuntos de seguridad nacional.
"Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos", describe el artículo primero del documento.
"Y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional", añade.
En su conferencia matutina de este 23 de noviembre, el mandatario federal aseveró que la medida no busca evadir las obligaciones de transparencia de la administración pública, sino blindar las obras ante la interposición de amparos que buscan frenarlas desde la oposición.
Criticado por la oposición bajo acusaciones de autoritarismo y opacidad, ¿este acuerdo es legítimo o un signo de acciones antidemocráticas?
Estrategia legítima ante el asedio político de la oposición
Para el doctor en economía Óscar Rojas, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el acuerdo emitido en el DOF es legítimo para evitar el asedio que la oposición emprende contra el Gobierno federal por vías legales que tienen intereses políticos
"Es el reconocimiento de que los proyectos prioritarios han estado bajo asedio de la oposición por medios legales, pero con fines políticos, lo que es una especie de lawfare pero aplicado aquí internamente, entonces yo lo veo como un blindaje en este sentido", declara el también profesor en economía política de la UNAM, en entrevista con Sputnik.
"Creo que este acuerdo, que es un acuerdo en realidad administrativo, interno, tiene por objetivo atajar esa problemática, pero yo creo que no va a impactar en el asunto de la transparencia", añade.
Los empresarios Claudio X. González Laporte y Claudio X. González Guajardo, padre e hijo, han utilizado estrategias legales para tratar de boicotear las obras del Gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas, Tabasco, aseveró López Obrador, una perspectiva en la que coincide el universitario Rojas.
23 de noviembre 2021, 14:24 GMT
"Coincido totalmente, no solamente en términos políticos contemporáneos, sino también incluso hasta teóricos, las élites en general siempre solicitan el apoyo de los poderes judiciales para establecer lo que ellos consideran sus derechos de propiedad, entonces creo que sí tiene un sentido", evalúa el académico.
"Además, hasta la misma oposición lo ha venido haciendo y clarificando, es decir, como están totalmente desfondados políticamente pues están recurriendo no a la base popular sino a este tipo de estructuras legales", critica.
¿Cómo construir confianza en la administración pública?
Según estimación de Rojas, la desconfianza ciudadana en el Gobierno y sus operaciones de contratación de obra son consecuencia del neoliberalismo, por lo que se necesitan procesos políticos paulatinos de reconstrucción de la confianza en la administración pública.
"Va a ser un tránsito también social porque el neoliberalismo generó una crisis de confianza profunda, ahí es de donde venimos", declara el docente.
"Salía a cada rato, y además ahorita más con la cuarta transformación, que ha ido liberando esta información, toda esta estructura de corrupción sistémica, entonces creo que los resultados mismos van a ir desazolvando esta crisis de confianza, eso es lo que tiene que seguir produciendo", dice.
Independientemente de los aspectos formales de la ley, el presidente entiende el valor político de la apertura en la toma de decisiones, estima Rojas, por lo que se va a mantener abierta la información frente a la crisis de confianza.
23 de noviembre 2021, 15:52 GMT
Además, la oposición ha hecho de la desinformación una de sus banderas para criticar al gobierno federal y sus decisiones, valora el profesor de la UNAM.
"En casi todos estos procesos la oposición está tomando como una estrategia de base la desinformación", acusa, por lo que la administración debe asumir la responsabilidad de aclarar el sentido de sus decisiones ante la ciudadanía.
"Clarificar qué es lo que se está haciendo, pero también tomar con esa claridad la necesidad de traducirle a la población este tipo de medidas y por qué siendo previstas en la constitución están funcionando para objetivos de fortalecimiento de la economía nacional", valora el universitario.
El presidente podría aprovechar la infodemia de la oposición para establecer un lenguaje que dé a entender las facultades del ejecutivo federal en la defensa de proyectos prioritarios, agrega Rojas.
Senador Álvarez Icaza acusa de autoritarismo flagrante
En contraste, el senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del llamado grupo plural de la Cámara Alta, considera que el acuerdo emitido en el Diario Oficial de la Federación es una señal inequívoca de autoritarismo del presidente López Obrador.
"Un decreto del presidente no es suficiente en jerarquía de normas para vulnerar todo el ordenamiento en materia de transparencia, obra pública, de adquisiciones, ambiental", señala el legislador en entrevista con Sputnik.
"Esta decisión es una clarísima advertencia de que este Gobierno ha decidido caminar por la ruta de la opacidad, de la discrecionalidad y de la actuación con la norma. En lugar de que el gobierno ponga el ejemplo del cumplimiento a la ley, hace reglas a modo para sí mismo, es muy peligrosa esta resolución", califica.
El parlamentario, quien integra el grupo plural en el Senado junto a Germán Martínez, Nancy de la Sierra, Alejandra León Gastélum y Gustavo Madero, descarta que exista una política de lawfare contra el gobierno federal y recuerda que el litigio es una herramienta legítima de pluralidad.
co"La resistencia legítima, legal y pacífica que da la ley es uno de los instrumentos de la democracia, López Obrador como opositor lo hizo todo el tiempo, lo increíble es que ahora en el poder ya se le olvida eso, lo increíble es que ahora le cierra todas las puertas a la resistencia legal, legítima y pacífica que exista ante cualquier acto de gobierno, sea obra pública o no", estima Álvarez Icaza.
"Morena fue actor en la oposición, primero en el PRD [Partido Revolucionario Democrático] y luego Morena, para contribuir en los ordenamientos en materia de transparencia, rendición de cuentas, impacto ambiental, todas las que hoy regulan, pero ahora que son gobierno no las quieren cumplir. Lo increíble es que se abusa y se exagera del concepto de seguridad nacional, y ese es uno de los signos de los regímenes autoritarios", añade.
Sin precedentes, aumento de adjudicaciones directas con AMLO
En el presente sexenio el aumento en la contratación de obra pública sin licitación, mediante adjudicaciones directas, ha registrado índices sin precedentes, acusa el legislador.
"Más de ocho de cada 10 adquisiciones del gobierno federal son en ese tenor y cuando hay mucho dinero, hay mucha discrecionalidad, hay poca transparencia y mucha opacidad, generalmente el resultado es mayor corrupción", pondera.
La respuesta oficial ante la denuncia de posibles actos de corrupción en el aeropuerto de Santa Lucía es generar un estado de excepción a todas las obras públicas, reprocha Álvarez Icaza.
"Por ejemplo, todas las regulaciones en materia de impacto ambiental ahora tendrán que ser, se fuerza a las dependencias a que en 10 días den los permisos y puede haber daños irreparables", advierte.
"Y de repente un año después van a decir: 'Bueno, es que ya la obra se hizo y ya no hay forma de deshacerla'. Qué grave que este gobierno apueste al autoritarismo como una ruta de ejercicio del gobierno, y también qué grave que lo que le diga a todos los demás es: 'La ley es para todos, menos para mí'", sintetiza el opositor.
23 de noviembre 2021, 19:31 GMT
El rechazo entre diversos sectores que ha provocado el acuerdo que estima las obras prioritarias del sexenio como asuntos de seguridad nacional debe interpretarse en Palacio Nacional como una señal de alerta, recomienda Álvarez Icaza.
"Aquí en el grupo plural hemos invitado al presidente a reconsiderar y echar atrás este decretazo, y que el presidente se siente a hablar, a discutir, a hacer política para construir los acuerdos que nos lleven a que haya acuerdos de Estado y salir adelante", propone.
"El presidente piensa que sólo con lo que él piensa alcanza y no es así, hay muchos más actores en este país y por supuesto que no sólo se abre la puerta para una mayor controversia legal sino se prenden alertas para muchos sectores", agrega.
López Obrador haría bien en reconsiderar su decisión, apunta el senador y comparte que el mandatario no ha otorgado audiencia al grupo plural del senado, sino que hasta ahora mantiene comunicación con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, como interlocución con el ejecutivo.
"Hoy hicimos un llamado solicitando que reconsidere el sentido de este decreto, que es realmente un exceso", concluye el legislador.