"Fiscalía General del Estado (…) conforme lo establece el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador (…) por tratarse de un presunto delito de acción pública doy inicio a la indagación previa", informó el organismo en una notificación remitida a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
La Fiscalía no especificó los motivos para el inicio de la investigación.
En el documento, el organismo solicita que se oficie a la Comisión de Garantías Constitucionales para que remita una copia certificada del informe sobre la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) conocida como Papeles de Pandora.
Además, solicita que el presidente de dicha comisión, José Cabascango, remita copia certificada del acta y del audio de la sesión del 5 de noviembre en la que se aprobó el referido informe.
Según el texto parlamentario, el jefe de Estado incumplió el pacto ético aprobado en 2017 mediante consulta popular que prohibió tener bienes o capitales en guaridas fiscales para el desempeño de un cargo de elección popular.
Eso, según la comisión, configura el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución, generando conmoción interna y afectación a un mandato popular, lo que podría ser causa de destitución.
Según los registros filtrados en Papeles de Pandora, Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en guaridas fiscales.
Lasso asumió el Gobierno el pasado 24 de mayo, tras vencer en abril, en la segunda vuelta electoral, a Andrés Arauz, candidato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El informe de la comisión, aprobado con seis votos afirmativos, dos en contra y una abstención, no tiene carácter vinculante por lo que el pleno podrá acogerlo o no.
En caso de aceptarlo, requiere de 70 votos para ser aprobado.
Otro texto parlamentario, presentado hace una semana por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, concluye, en cambio, que no existe evidencia de que Lasso haya incurrido en alguna contravención, dado que realizó operaciones o actividades en el extranjero cuando no era funcionario público, por lo que no estaba impedido de hacerlas.
Además, con base en documentos apostillados, señala que a la fecha de la inscripción de su candidatura a la Presidencia (23 de septiembre de 2020), Lasso no figura como accionista directo o indirecto, beneficiario social o director o dignatario de ninguna empresa localizada en guaridas fiscales.
La acción ante la Fiscalía contra el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales la presentó el exlegislador Andrés Páez, quien corrió por la Vicepresidencia del país en binomio con Guillermo Lasso en las elecciones de 2017, cuando triunfó la fórmula integrada por Lenín Moreno y Jorge Glas.
Páez pidió que la Fiscalía investigue un posible delito de falsedad ideológica basado en las declaraciones de los legisladores por el movimiento Pachakutik Édgar Quezada y Sofía Sánchez, integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, que señalaron que el informe sufrió modificaciones en el último momento de su aprobación.