La mano golpista detrás de las recientes protestas en Bolivia y la ley usada como excusa

El Gobierno de Luis Arce enfrenta un complejo conflicto en las calles, fomentado por la misma oposición que todavía reivindica el golpe de 2019. Grupos opositores azuzaron a sindicatos de pequeños comerciantes para que rechacen la Ley 1386 de "Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo".

Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo de la Ley 1386 no es perseguir a vendedores minoristas, sino "luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas que podrían generar efectos negativos a la estabilidad económica y reputación de Bolivia". Por compromisos asumidos ante las Naciones Unidas, el Estado boliviano debe enfrentar los altos índices de informalidad de su economía, que actualmente ronda el 80%.

Semanas atrás, el presidente Arce dio marcha atrás con el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, ante las protestas de algunos sectores sociales. En ese momento, la oposición al MAS festejó el retroceso como si fuera su propia victoria.

Desde entonces, los opositores redoblaron la apuesta y van por la derogación de la ley madre, la Ley 1386.

En la rearticulación de la oposición, Arce evidenció "la posibilidad de un nuevo golpe de Estado, porque hay ciertas estructuras de malos policías y malos militares que no se han logrado desmovilizar, lo mismo con estos grupos irregulares que han generado incertidumbre, dolor y llanto en el país".

Uno de esos grupos irregulares es la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), cuya disolución fue recomendada en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar las vulneraciones de derechos cometidas antes y luego del golpe contra el expresidente Evo Morales (2006-2019).

Los gremios de pequeños comerciantes (los gremiales) reúnen aproximadamente a 800.000 personas en el país. Es un sector cuya movilización en las calles no es para desdeñar.

Una preocupación muy fuerte del Gobierno de Arce está en el contrabando, el cual creció durante la pandemia, fundamentalmente con Argentina, Brasil y Perú. Esos productos que ingresan ilegalmente en algún lado se venden: generalmente, en los comercios minoristas. Aquí está el principal temor de los gremiales, que fue adecuadamente direccionado por la oposición al MAS, que controla la mayor parte de los medios de comunicación privados.

Según legisladores opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, la Ley 1386 da superpoderes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para actuar prácticamente al margen de la ley, ya que —en el imaginario pitita— este organismo podría ingresar a un comercio, decomisar mercadería, congelar cuentas y meter preso a quien se le dé la gana.

Desde el Ministerio de Economía intentaron desmentir estas afirmaciones: "Es importante recordar que las atribuciones de la UIF fueron establecidas el 31 de julio de 1997, mediante el decreto reglamentario, el cual dispone, entre otras acciones: recibir y pedir de los sujetos obligados los reportes de actividades sospechosas; recabar información pública o confidencial, de cualquier organismo de registro público".

Por ello, remarcaron que "estas atribuciones [de la UIF] ya se encuentran vigentes hace más de dos décadas, por tanto no son nuevas".

Desde la cartera dirigida por Marcelo Montenegro afirmaron que "es tendencioso señalar que la norma en cuestión tiene únicamente un fin de persecución, ignorando que la necesidad de esta Ley responde al cumplimiento de un compromiso realizado a nivel internacional tanto con las Naciones Unidas, así como con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros".

Arce participó del tratamiento y aprobación de la ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, que finalmente fue retirado.

"Esa era el pedido de varios sectores y, siendo nosotros parte de las organizaciones sociales, se tomó esa decisión", comentó Arce. Y agregó que "ahora algunos sectores radicales de la oposición y algunos comités cívicos desinforman de manera sucia".

Lo mismo "las bancadas de diputados y senadores tanto de Creemos como de CC hacen ese trabajo sucio, generando preocupación en algunos sectores de la sociedad".

La oposición le exige al Gobierno abrogar la Ley 1386. Pero en el MAS insisten con realizar una adecuada socialización entre los sectores que se consideran afectados.

Y comentó que, en ese marco, "hay un conjunto de recomendaciones, en total 40, para que delitos de carácter transnacional, como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas, de órganos, de sustancias controladas y otros delitos sean pues perseguidos".

Durante la última semana, y en los próximos días, la oposición y sus aliados prevén continuar en movilizaciones contra esta ley. Mientras, el Gobierno convoca a estos sectores a participar de la reglamentación de la normativa, que viene a ser la letra chica para ejecutar lo legislado.

A pesar de que las marchas le preocupan, en el Gobierno de Arce están todavía relajados, porque se observa que la convocatoria de la oposición es baja. "Las movilizaciones con las que pretendían tener respaldo del pueblo boliviano han sido un rotundo fracaso, en virtud de que la población quiere trabajar, quiere llevar alimento a la familia", dijo el diputado del MAS.

Aseguró que en los próximos días, funcionarios y legisladores se reunirán con las bases gremiales para explicarles el verdadero alcance de la Ley 1386. "Han utilizado a algunos dirigentes prebendalistas para corromper, quienes están desinformando a sus bases", sostuvo Arce.

Las organizaciones gremiales declararon un cuarto intermedio en sus protestas, hasta el próximo 4 de noviembre, cuando hayan pasado en Bolivia los días feriados de Todos Santos, en los cuales prácticamente se detiene el país, en conmemoración de los seres queridos fallecidos.