"Desde Perú Libre denunciamos que lo que se pretende con esta aprobación exprés es continuar con el plan de golpe de Estado que se maquina desde el Legislativo, porque resulta evidente y vergonzosa la existencia de una dictadura congresal que insiste en seguir socavando la figura presidencial", indicó la bancada en un comunicado.
La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede equilibrar poderes con el Legislativo cuando este quiera censurar —pedir la destitución— de un ministro o el primer ministro, o cuando se oponga a una política de gobierno.
Este equilibrio lo logra a través de la interposición de una cuestión de confianza, es decir cuando conmina al Congreso a apoyar un nombramiento ministerial o una política de gobierno.
Si el Congreso rechaza la cuestión de confianza por dos veces al Ejecutivo, es decir, le niega su respaldo en dos ocasiones, este queda facultado para disolver el parlamento y convocar a elecciones legislativas.
La cuestión de confianza es, así, un mecanismo de control de poderes al darle al Ejecutivo un recurso legal para enfrentar a un parlamento que se muestre obstruccionista frente a su labor o decisiones.
Sin embargo, el 19 de octubre el pleno aprobó una ley que establece que el Ejecutivo solo puede emplear la cuestión de confianza en "competencias relacionadas a su política general, no encontrándose entre ellas las reformas constitucionales o cualquier otra que afecte procedimientos o competencias del Congreso".
Es decir, la ley limitaría el uso de la cuestión de confianza de parte del Ejecutivo solo para asuntos que el parlamento considere pertinentes, menoscabando un mecanismo que resta poder al presidente frente a las decisiones que tome el Legislativo.
La bancada de Perú Libre advirtió que la ley "atenta gravemente y vulnera el principio de separación y equilibrio de poderes, así como las competencias del Poder Ejecutivo vinculadas a la formulación e implementación de políticas públicas, lo que afecta gravemente la gobernabilidad y el sistema democrático".
Según han advertido diversos analistas y políticos opositores, el Congreso estaría buscando mermar la capacidad del presidente para enfrentarse a un parlamento obstruccionista que buscaría destituirlo en un estado de indefensión.