"Con esta decisión, la justicia peruana ha obtenido un resultado trascendental para que el exmandatario sea extraditado y juzgado en nuestro país. De esta manera, podrá responder ante el Poder Judicial, en el marco de un debido proceso, por los delitos de colusión y lavado de activos que el Ministerio Público le imputa", indicó la Procuraduría en un comunicado.
El 27 de septiembre, una corte del estado de California certificó que existen causas probables para extraditar al exjefe de Estado, quedando ahora en manos del secretario de Estado (canciller), Antony Blinken, la decisión final de ejecutar la medida judicial.
Por otro lado, la Procuraduría señaló que se mantendrá "vigilante", junto con el Ministerio Público, sobre el desarrollo del proceso hasta que se decida si Toledo vuelve a Perú para responder por los cargos que se le imputan.
28 de septiembre 2021, 21:43 GMT
Toledo, quien reside en EEUU desde 2017, es acusado por la Fiscalía peruana del presunto delito de lavado de activos al haber recibido cerca de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de beneficiarla con la concesión de obras públicas durante su mandato.
En julio de 2019, Toledo fue apresado por las autoridades estadounidenses luego de que el Estado peruano cursó el pedido de extradición en su contra para que pueda ser procesado en su país.