¿Qué países aprueban el matrimonio igualitario en Latinoamérica?

En el país andino la situación está en la agenda. El jueves 9 de septiembre la Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó por unanimidad la idea de legislar el matrimonio igualitario, proyecto que pasará a la discusión en la Cámara Alta.

"Pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas", había anunciado el 1 de junio el presidente Sebatián Piñera, con motivo del inicio del mes que conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTB —28 de junio—.

Si bien en Chile hay vigente un Acuerdo de Unión Civil desde el primer gobierno del mandatario, hoy se apunta al matrimonio igualitario, iniciativa que presentó en 2017 la entonces presidenta Michel Bachelet.

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), uno de los colectivos impulsores de la propuesta, la iniciativa es celebrada. El vocero de la organización, Óscar Rementería destacó "que hoy el apoyo al matrimonio igualitario sea un tema transversal, donde hay votos favorables de todas las tendencias políticas e ideológicas, con adopción y filiación homoparental incluída. Habrá ley, sin duda", según recogen las redes sociales de Movilh.

El proyecto contempla la diversidad en las familias: aprueba la filiación homoparental y el reconocimiento de que un infante puede tener dos madres y un padre, así como dos padres y una madre.

Argentina se consagró en 2010 como el primer país latinoamericano en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La discusión fue impulsada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que pretendía la igualdad bajo el lema "Los mismos derechos, con los mismos nombres".

El país ya había sido también precursor en legalizar la unión civil en diciembre de 2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uruguay fue el primero en impulsar una ley de unión civil a nivel nacional en 2008, conocida como Ley de Unión Concubinaria, que otorgaba la mayoría de los beneficios que poseen las parejas casadas a aquellas personas cualquiera fuera su sexo que compartieran al menos, cinco años de convivencia ininterrumpida.

Con esto se facilitaba el reconocimiento a los beneficios jubilatorios, los derechos a la herencia y la propiedad conjunta de bienes, aunque no se reconocía el derecho a la adopción de menores, por lo que se continuó trabajando en un proyecto de ley.

En 2013 entró en vigencia la Ley de Matrimonio Igualitario en Uruguay, que respondió a las demandas sociales de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (LGBTQ).

En 2011 el Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó las uniones libres entre personas del mismo sexo, lo que brindó una base legal para parejas que aún no podían estar unidas en matrimonio.

Poco tiempo después varias jurisdicciones lo permitieron y Río de Janeiro habilitó que los jueces locales pudieran realizarlos.

Esta situación se extendió hasta 2013 cuando el Consejo Nacional de Justicia brasileño legalizó el matrimonio igualitario en todo el país. A su vez los registros civiles podían convertir las anteriores uniones en matrimonios si esto era demandado.

A diferencia de otros países, la iniciativa partió de la Justicia y no desde el Parlamento.

En 2016, Colombia se convirtió en el cuarto país de Latinoamérica en aprobar el matrimonio igualitario, luego de seis intentos fracasados de legislación.

Desde 2007 la Corte Constitucional colombiana otorgaba uniones maritales de hecho —unión afectiva y legal de dos personas independientemente de su sexo, similar a la unión conyugal— a parejas homosexuales que aseguraban derechos de seguridad social. Progresivamente contempló permisos de residencia, derechos de familia o sobre la herencia, hasta que en 2016 se aprobó la normativa.

Tras una reforma constitucional, Ecuador reconoció en 2008 las uniones civiles entre personas del mismo sexo. La adopción, en tanto, se permitía solo a parejas compuestas por un hombre y una mujer.

Con este precedente y tras el reclamo de activistas que llevaron a tribunales sus propios casos personales, en 2019 finalmente la Corte Constitucional aprobó el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo tras seguir lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sugería su aprobación en los Estados parte.

La situación de México es distinta puesto que cada entidad federativa define sus propias políticas. En la actualidad 22 de los 32 estados avalan el matrimonio entre personas del mismo sexo. En los últimos años Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa y Baja California se adhirieron a la causa.

Muchos estados lo incluyeron mediante una reforma legislativa; otros cedieron ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el caso excepcional de Quintana Roo —estado al sureste del país— no hubo necesidad de rever el Código Civil dado que ya se reconocía al matrimonio como la unión de dos personas.

El Estado Plurinacional de Bolivia reconoció a fines de 2020 el primer caso de unión libre entre dos hombres que convivían desde hacía 11 años, tras el fallo de un tribunal que obligó al Registro Civil boliviano a tomar la resolución. El caso marcó un precedente en la historia del país.

A partir del dictamen, los registros civiles deben reconocer las uniones de personas del mismo sexo, aunque han habido situaciones donde no se atienen al pronunciamiento judicial.