Hoy algunos centros de rehabilitación en México son supervisados y controlados por los carteles —no el Gobierno—, que cuentan con bases de datos y pasan lista a los usuarios. "Operan en la anarquía", aseguran los reporteros de SinEmbargo, que investigaron cómo la delincuencia organizada aprovecha los centros para:
Ocultarse.
Esconder a personas reportadas como desaparecidas.
Reclutar "halcones": sicarios y vendedores de droga.
Utilizarlos como "centros de operación" de delincuentes que cuentan con órdenes de aprehensión, o son buscados por las autoridades.
Utilizarlos como "casas de seguridad" para infligir torturas a deudores o adversarios.
Extorsionar a familiares de adictos económicamente.
Vender drogas desde allí.
Aunque las autoridades saben qué está pasando, los periodistas advierten que no hay interés en resolver el problema. Mientras tanto, afirman que el consumo de drogas como marihuana y metanfetaminas es tal, "que en algunos estados del país ya desplazó a la ingesta de alcohol, sin que muchas de las personas adictas tengan acceso a un tratamiento adecuado".
A su vez, añaden que la falta de supervisión y el "desdén" de los diversos niveles de Gobierno, "se hace evidente solo cuando ocurren desgracias" en los centros de rehabilitación, también llamados anexos, como son los "frecuentes homicidios por exceso de violencia hacia los internos, la tortura o los internamientos forzados".
Solo en la parte noroeste de la ciudad Ensenada —a 110 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos en el estado de Baja California (norte)—, había más de 50 centros de rehabilitación en adicciones, tanto para adultos como para niños y adolescentes, "muchos más que el número de escuelas o parques públicos", se señala en la investigación.
30 de agosto 2021, 23:11 GMT
Algunos de los problemas identificados por SinEmbargo:
No se sabe cuántas personas están en los centros.
Falta de corresponsabilidad de parte de las autoridades sanitarias.
Obsolescencia y falta de mantenimiento de las instalaciones.
Estancias inadecuadas.
Falta de higiene.
Sobrepoblación.
"Promiscuidad" entre internos hombres, mujeres y adolescentes.
Falta de capacidad y de capacitación de los operadores.
Trato violento.
Internamientos a la fuerza.
Falta de recursos económicos que genera cobros a las familias de los anexados. Desde los 99 dólares mensuales, los más baratos, en adelante.
"Yo calculo, por los anexos que conozco [en Ensenada], que un 40% de ellos tienen irregularidades manifiestas, incluso no sé si están registrados o son clandestinos, como tantos que hay, eso le corresponde verificar al Conadic [Comisión Nacional contra las Adicciones], que tiene poco personal y al recientemente creado Instituto contra las Adicciones en Baja California, que igual es una dependencia fantasma", dijo a SinEmbargo Iraís Alcázar, asesora de un anexo en la ciudad de Ensenada.
Los primeros criminales en usar los centros para recluir soldados
Uno de los carteles pioneros en la captura de personas con adicción a las drogas de los centros de rehabilitación, fue la Familia Michoacana, en la primera década del 2000. Una particularidad del reclutamiento es que implicaba un adoctrinamiento de carácter religioso y emocional. Cada reclutado por el cartel tenía que llevar a tres o cuatro jóvenes más para participar en los retiros de superación personal que se realizaban a manera de congregaciones en ranchos o haciendas.
Cronología de la violencia en los centros
2015
El 24 de enero cinco colaboradores del centro de rehabilitación CIDA en Ensenada fueron investigados por el homicidio de un usuario durante su traslado al edificio. El 31 de marzo de ese año, sujetos armados atacaron a tiros el centro Alcance Victoria, en la colonia Buenos Aires de Tijuana, donde hirieron a tres hombres.
2016
El 12 de enero, afuera de un anexo en la colonia Chula Vista en Tijuana, apareció un joven muerto a golpes, por mencionar algunos de los hechos más cotidianos.
El 9 de enero, en Comondú, Baja California Sur, fue ejecutado el fundador del centro "Soldados Nuevos", Adolfo Osuna.
El día 28 de enero, en Tlajomulco, Jalisco, mataron a un anexado a golpes.
El 11 de febrero, acabaron a tiros con la vida de un comerciante que estaba dentro de un albergue para alcohólicos.
En El Salto, Jalisco, el 7 de agosto, otro interno fue muerto a golpes en el sitio que irónicamente tenía por nombre Volver a Vivir de Nuevo.
El 25 de octubre balearon a dos mujeres y tres hombres frente a un anexo de la colonia Campos en Tijuana.
Además, una de las escasas investigaciones policiales en la materia reveló en mayo de 2016 que detrás del centro de rehabilitación Despertar Espiritual del municipio de Tonalá —estado de Jalisco, centro— estaba el Cartel Jalisco Nueva Generación. Allí se maltrataba y tenía a la fuerza a muchas de las 271 personas internadas, entre ellas 144 mujeres y 18 menores de edad.
2019
El 5 de abril, sicarios arrojaron una granada que no estalló en un centro de rehabilitación para adictos en Oaxaca y dejaron una cartulina amenazante.
El 14 de agosto, un comando armado irrumpió en otro de estos sitios en la delegación de Santiago en Manzanillo, Colima, acribillando a seis internos.
El 5 de diciembre, en el centro "Dios es mi Salvador", otra gavilla se llevó por la fuerza a 26 jóvenes adictos. Y en Ensenada, militares incautaron una tonelada de marihuana frente a un anexo de Maneadero.
2020
El 14 de enero, las autoridades liberaron a siete mujeres a las que dejaban encerradas y solas en un centro de rehabilitación de Tala, Jalisco.
El 7 de junio, sicarios irrumpieron en un anexo de Irapuato y asesinaron a 10 personas.
El 1 de julio, en la misma ciudad, pero en otro anexo, fueron aniquilados a balazos 28 internos.
Dos días después, huyen despavoridos por la violencia y amenazas, 25 adictos de un centro de Valle de Santiago, Guanajuato.
El 21 de agosto las autoridades de Jalisco encontraron un centro de rehabilitación con policías esposados y golpeados, donde además había unas 100 personas más internadas, entre ellas mujeres y adolescentes. La Fiscalía no reveló detalles, excepto que detuvieron a 12 hombres y cinco terminaron en prisión.
El 24 de octubre, otro comando mató a cuatro personas en el anexo Fuente de Vida, en Celaya.
El 2 de noviembre detuvieron en el centro "Independencia" —Mexicali, norte— a una docena de hombres armados por ser presuntos miembros de una organización criminal. Estas personas habían sido internadas por el grupo de Los Salazar, que opera en Baja California para Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Hubo otros baleados y asesinados a golpes o estrangulados en anexos durante 2020:
En Playas de Tijuana, el 13 de octubre.
En Teuchitlán, Jalisco, el 20 de noviembre.
En Monterrey, el día 30 del mismo mes.
2021
Un interno fue maniatado, amordazado y victimado a golpes en la colonia Polanco de Guadalajara.
Otro adicto fue torturado y asesinado a golpes en un centro de tratamiento para adiciones en la Capital de Puebla.