Lo que parecía una pelea enterrada en el pasado volvió a generar tensión entre las Cancillerías de Argentina y Chile. Se trata de un nuevo reclamo de soberanía en el Mar Austral por los territorios submarinos que se extienden hasta la Antártida, que el Gobierno chileno insiste en defender y que vuelve a enfrentar a los dos países en un disputa que tiene más de un siglo.
El Gobierno de Sebastián Piñera, presidente chileno en su último tramo de mandato, aprobó una nueva delimitación de la plataforma continental, que extiende el espacio reclamado hacia el este del meridiano divisorio 67, establecido como frontera marítima.
Esto lo superpone al territorio argentino en un espacio de más de 5.000 km2 con forma de media luna, en la zona sur del Cabo de Hornos, donde se unen los océanos Pacífico y Atlántico.
Argentina y Chile estuvieron al borde de una guerra en 1978, pero finalmente firmaron en 1984 el Tratado de Paz y Amistad, con el que se subsanó una disputa territorial que comenzó en 1888.
"El Tratado permitió resolver 22 conflictos territoriales que había entre Argentina y Chile en toda la frontera sur. Abarcó también lo que se denomina Zona Económica Exclusiva, que es el espacio marítimo de 200 millas de extensión desde la costa que tienen los países con salida al mar", dijo Sputnik Jorge Castro, reconocido analista internacional argentino.
Ante el decreto chileno, la Cancillería argentina respondió con vehemencia al considerar que el Gobierno del país vecino pretende "apropiarse" de un espacio soberano, ratificado según tratados internacionales, lo que generó la escalada en un conflicto diplomático que parecía resuelto.
"Hay una disputa, no sobre la zona económica de Chile ni de Argentina, sino sobre el espacio que viene después, que es la denominada plataforma continental, que se extiende hasta las 350 millas marinas. Lo que está en discusión son los derechos futuros sobre los suelos y no sobre las aguas y superficies marítimas, por la previsible existencia de metales, minerales e hidrocarburos", comentó Castro.
Historia de la disputa
Argentina y Chile disputan estos territorios desde 1888, algunos años posteriores al Tratado de Límites entre ambas naciones, que fijó el Canal de Beagle como delimitación fronteriza. Durante el siglo XX la traza del canal comenzó a ser debatida, así como el control sobre las islas del Mar Austral.
En 1971 los países solicitaron el arbitraje internacional en manos del Reino Unido, compuesto por peritos internacionales. La sentencia del Laudo Arbitral llegó en 1977, que fue aceptada por Chile pero rechazada por el Gobierno de facto de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983).
Chile era entonces gobernado por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), lo que llevó a preparativos de una guerra que se consideró inminente hacia fines de 1978. Antes de estallar, se pidió la mediación diplomática del Vaticano, Santa Sede de la Iglesia Católica Apostólica Romana, religión oficial de ambos países.
La Guerra de Malvinas, que enfrentó a Argentina y el Reino Unido en 1982, generó temores de una invasión a las islas australes bajo control chileno. La derrota argentina potenció la caída del régimen militar y en 1983 regresó la democracia.
El gobierno constitucional de Ricardo Alfonsín (1983-1989) lanzó en Argentina en 1984 una consulta popular no vinculante para conocer la opinión de la sociedad local acerca de la propuesta de tratado ofrecida al cabo de la intervención papal.
Triunfó rotundamente la aceptación, lo que llevó al Tratado de Paz y Amistad firmado entre los países ese año. El pacto estableció soberanía chilena hacia el oeste y soberanía argentina al este de una línea recta trazada de norte a sur entre dos puntos estipulados sobre el meridiano 67, que divide en dos el espacio marítimo al sur del Cabo de Hornos.
La nueva demarcación chilena sigue tomando como límite de esta división occidente-oriente el punto más austral, mientras que Argentina asegura que, con la extensión de su plataforma continental, se continúa esta línea hacia el sur, por lo que todo lo reclamado por Chile hacia el lado del Atlántico es ilegítimo.
"Los términos de la posición de los dos países están cargados de complejidad jurídica, por lo tanto de lo que se trata es de encontrar alguna línea de acuerdo respecto a lo esencial de los intereses tanto de Argentina como de Chile sin que esto implique de ninguna manera la reedición de una situación conflictiva como la que tuvieron en las décadas del 70 y 80", enfatizó el exsecretario de Planificación Estratégica de la presidencia (1998-1999).
Plataforma continental extendida
Argentina creó en 1997 la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), con un equipo de hidrógrafos, oceanógrafos, geólogos, cartógrafos, especialistas en sistemas de información geográficas y abogados, dedicado durante años a un arduo trabajo de investigación multidisciplinario.
En 2009, el país presentó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pedido para ratificar la prolongación natural de su plataforma continental. En marzo de 2017, la ONU aprobó la ampliación del espacio marítimo argentino en más de 1,7 millones de km2, con lo que lo llevó a más de 6,5 millones de km2.
En agosto de 2020, Argentina transformó en ley por unanimidad en ambas cámaras del Congreso nacional la nueva delimitación exterior, que significó un aumento del 35% de su zona soberana, lo que le daría control sobre los recursos naturales de los suelos y subsuelos submarinos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno había enviado el 23 de mayo del año pasado una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que esbozó que las posturas argentinas sobre el tema eran unilaterales, por lo que se reservaban el derecho a determinar su posición contraria.
En octubre de 2020, Chile anunció que también presentaría en 2021 la ampliación de su plataforma continental ante la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar y anticipó que reclamaría extensiones que volverían a generar nuevamente la disputa con Argentina al sur del Canal de Beagle.
"El decreto chileno de oculto no tiene nada, por supuesto la Embajada argentina en Chile estaba al tanto. Es imprescindible quitarle dramatismo a este conflicto. Hay una negociación bilateral sin mediación de nadie en el que los argumentos jurídicos se unen a los reclamos de intereses. Es un proceso de negociación diplomática asistida por expertos en derecho internacional de los dos países, que son ampliamente calificados", concluyó Castro.