"El impacto de la emergencia sanitaria al interior de las unidades fue muy significativo en diferentes sentidos, y agravó las condiciones de detención y las violaciones de derechos humanos en el encierro", destaca el informe.
A este respecto, el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, destacó en una entrevista con Sputnik que las condiciones de detención mejoraron a partir de mediados de este 2021 con un plan de salud integral presentado por la subsecretaria María Laura Garrigós, interventora del Servicio Penitenciario Federal.
"La privación de la libertad no estuvo exenta de las dificultades de sostenimiento del sistema, pero hubo una conciencia, en general, de poner mucho cuidado en otras cuestiones referidas a la salud que no son estrictamente las prácticas violatorias del servicio penitenciario", planteó Mugnolo.
El Plan Estratégico de Salud Integral en el Servicio Penitenciario Federal 2021-2023 lanzado el 1 de julio involucra al Ministerio de Salud para que el organismo supervise la atención sanitaria de las cárceles federales.
"Por fin hay un plan y una pauta de salud que hacen que la salud pública sea llevada a los esquemas de la salud de encierro" añadió el procurador.
Muertes y torturas
Más allá del nuevo programa, el 2020 fue testigo de un aumento de las muertes en centros penitenciarios federales.
Durante el año pasado la PPN contabilizó el fallecimiento de 58 personas privadas de su libertad, el mayor número desde el comienzo de la serie histórica hace 12 años, cuando el organismo comenzó a investigar los decesos en prisiones.
"El aumento relativo de muertes se vio especialmente influenciado por el COVID-19, que se cobró 17 víctimas fatales", destaca la Procuración, que a lo largo de 2021 detectó la muerte de un recluso más por esta enfermedad.
En 2020 también se registraron 176 hechos de tortura y malos tratos, una cantidad inferior a la de años anteriores.
"Es probable que la 'cifra oculta' que caracteriza a este tipo de práctica se haya visto robustecida como consecuencia de esta particular coyuntura", reconoció la PPN.
21 de mayo 2021, 00:19 GMT
Debido a la situación de hacinamiento en el Sistema Penitenciario Federal (SPF), durante 2020 descendió la población detenida en este ámbito, sobre todo a partir de abril de 2020, cuando la Cámara Federal de Casación Penal aconsejó adoptar medidas alternativas al encierro en determinados casos.
Fue así que había 11.470 personas privadas de su libertad al término de 2020, cuando en 2019 era 14.067.
Contribuyó también a este hecho que el SPF suspendiera los ingresos al sistema central de alcaldías, lo que llevó a que las personas detenidas en la capital quedaran alojadas en las alcaldías o comisarías de la ciudad de Buenos Aires, con su consiguiente colapso.
"El 30 de diciembre había 235 personas alojadas en alcaldías de la ciudad de Buenos Aires, que en total tendrían una 2000 capacidad máxima de 130 plazas y en ningún caso están preparadas para alojar personas por más de dos o tres días", denunció la Procuración.
Efecto de la pandemia
La pandemia de COVID-19 puso en evidencia las deficientes condiciones de detención en las que se encuentra la población penitenciaria.
Desde que se registrara el primer caso en abril de 2020, hasta el mismo mes de 2021, se detectó el contagio de 619 personas en las cárceles federales, con un índice de positividad, de 46,5%, superior al promedio nacional.
"Advertimos en algunos casos el aislamiento de personas sintomáticas en espacios que no estaban habilitados para eso, como por ejemplo retenes, y el uso por disposición judicial del aislamiento en celdas individuales por 23 horas diarias durante 45 o 60 días", denunció la PPN.
Respecto a las condiciones de detención, la Procuración observó que la falta de contacto con el exterior, en especial con los familiares, fue uno de los principales problemas que afectaron a las personas privadas de libertad.
"Otra de las cuestiones que apareció muy marca fue la falta de actividades laborales, educativas y recreativas, en el marco del contexto del aislamiento", advierte el informe.
Como titular de la entidad, Mugnolo puso de relieve que en la sede central de la Procuración y en sus 10 delegaciones regionales se siguiera "trabajando al ritmo marcado por las disposiciones de la pandemia".
Presos y contexto regional
A nivel nacional, las personas privadas de libertad en todo el país fueron 100.634 en 2019, el mayor número desde que comenzó el registro histórico en 1996, según los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Estadística sobre la Ejecución de la Pena.
De estos datos se desprende que la tasa de encarcelamiento en Argentina era de 224 cada 100.000 habitantes en 2019, 11 puntos más que el año anterior.
Si se toman en cuenta las personas detenidas en comisarías, ese número asciende a 243 cada 100.000 habitantes.
Este indicador es similar al de otros países de la región, como Ecuador (224), Colombia (217), Chile (214), y Paraguay (241), mientras que las naciones con mayores tasas de encarcelamiento son Brasil (357), Uruguay (337) y Perú (278).
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