La deuda importa más que la gente: el drama de 4 países de América Latina

La pandemia de COVID-19 y sus impactos económicos dejaron aún más en evidencia los problemas de muchos países para afrontar la pobreza con sus propios recursos. Unicef pone este drama en números: en el mundo hay 25 países que destinan más fondos a pagar servicios de su deuda externa que a educación, salud y otros programas sociales. La triste lista incluye a tres países de América Latina.

"El COVID-19 y la inminente crisis de la deuda" es el título del informe de 2021 presentado por Unicef, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la protección de la infancia. El documento indaga cómo la pandemia profundizó una situación que ya existía en muchos países de renta baja o media debido a que los altos costos de la deuda pública impiden a los gobiernos destinar los fondos necesarios para atender emergencias sociales.

De hecho, un cuarto de los países de renta baja y media —en los que según Unicef viven unos 200 millones de niños— ya se encuentran o están cerca de entrar en etapa de crisis de deuda, un momento al que se llega cuando los costos de pagarla —es decir los gastos asociados a la deuda como comisiones, intereses, etc— son tan altos que comprometen los recursos del país.

Dentro de esa lista aparecen los 25 países que ya en 2019 destinaban más a pagar ítems relacionados a la deuda que a sostener su propio desarrollo social:

El ranking pone en evidencia la alarmante situación de Sudán del Sur, donde el gasto por su deuda pública es 11 veces mayor al presupuesto de programas sociales.

Pero para los latinoamericanos, el foco está puesto en Haití, segundo en la lista y con solamente un 5,46% de su Producto Interno Bruto (PIB) destinado a programas sociales pero un 21% destinado a su deuda, por lo que la deuda se lleva casi cuatro veces más presupuesto que la educación, la salud y otras medidas de protección social.

Para mayor alarma, Unicef señala que la crisis del COVID-19 ha dejado a cerca del 60% de los niños haitianos viviendo en hogares pobres.

En Guyana, el pequeño país sudamericano ubicado al norte de Brasil y al este de Venezuela, se gasta el doble en deuda pública que en servicios sociales: mientras el 16% del PIB va a parar a la deuda, el 8,17% se destina a gastos sociales.

El país latinoamericano mejor posicionado en la lista es El Salvador. Un 6,87% del PIB salvadoreño se destina a programas sociales, al tiempo que un 8,21% va a para a los servicios de deuda.

Y si bien no aparece en la lista, el informe dedica un apartado exclusivo a Ecuador, cuyo desplome económico provocado por el COVID-19 hizo que su deuda externa se aproxime en 2020 al 70% de su PIB, la mitad de ella en manos de tenedores de bonos. En abril de 2020, la pandemia obligó al Gobierno de Ecuador a solicitar a los tenedores de bonos un aplazamiento de cuatro meses en el pago de intereses.

El acuerdo permitió al país evitar pagar más de 800 millones de dólares en el momento y, recuerda Unicef, allanó el camino para un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 6.500 millones de dólares más.

Para la agencia de Naciones Unidas, el problema es que ese acuerdo incluyó un plan del Gobierno de Lenin Moreno para recortar el gasto público en 4.000 millones de dólares, lo que trajo aparejado una disminución en el gasto social. "Reportes de las oficinas de Unicef en el país sugieren que Ecuador ha recortado el presupuesto destinado a servicios infantiles durante la pandemia de COVID-19 en todos los sectores: nutrición, protección social, protección infantil, higiene, agua y sanitización, salud y educación".

Si bien la situación en el resto de los países de América Latina no parece ser tan acuciante, Unicef advierte que toda la región está pagando un porcentaje mayor de su PIB por su deuda externa. Esto se produce porque los países latinoamericanos no se vieron beneficiados por la decisión del G20 de suspender el cobro de servicios de deuda a países de ingresos bajos durante la pandemia.

Para Unicef, los datos son la demostración de la necesidad de diseñar "una nueva arquitectura internacional de la deuda" que permita tener en cuenta las necesidades heterogéneas de los países de renta media y baja y que, sobre todo, no empeoren la protección de los derechos de los niños.