El martes 25 de mayo amanece con tensión en el barrio de Poble Sec en Barcelona por el desahucio de tres vecinos. La situación ha provocado enfrentamientos entre ciudadanos y Mossos D'Esquadra y un centenar de manifestantes se ha movilizado en las inmediaciones para impedirlo. El desalojo finalmente se ha ejecutado y los concentrados que trataban de impedirlo han lanzado objetos y pinturas hacia los agentes. Posteriormente decenas de los protestantes se han desplazado hasta la sede de Esquerra Republicana (ERC), que previamente había sido ocupada por una cuarentena de jóvenes.
La marcha se realizó con caceroladas y gritos de protesta, pero a su llegada a la sede los agentes crearon un cordón policial para impedir su entrada. En su interior permanecieron alrededor de 40 personas que se habían instalado a primera hora de la mañana y que abandonaron el lugar sobre las 11:00 horas. Eran miembros de los sindicatos de la vivienda de Barcelona y miembros de Arran, las juventudes de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que abogan por la independencia de Cataluña.
Protestan por la fuerte presencia de antidisturbios que ha habido en el desahucio de tres personas que tenían el informe de vulnerabilidad. De hecho, esa era una de las principales medidas del acuerdo al que había llegado la CUP y ERC en su gobierno de coalición: evitar que en desahucios de estas características hubiera presencia de los antidisturbios. El Sindicato del Barrio de Poble Sec ha tachado al presidente independentista, Pere Aragonès, de traidor y colaboracionista.
Cabe añadir que, además, este suceso ocurre un día después de que Aragonès tomara posesión de su cargo como presidente de la Generalitat de Catalunya, y momento en el que la Conselleria del Interior —que hasta ahora estaba en manos de Junts per Catalunya— y el control de los Mossos d’Esquadra, pasara a manos de los Republicanos.
En una entrevista en Catalunya Ràdio Aragonés ha explicado que la actuación en el desahucio producido en el barrio de Poble Sec era una "intervención muy concreta", que había sido dictada "por el juez". No obstante, el presidente del Govern ha urgido a trabajar en un nuevo protocolo de desahucios "en estos casos para evitar situaciones como las que se están produciendo hoy".
Por su parte, el conseller de Interior de la Generalitat en funciones, Miquel Sàmper, ha afirmado que la intervención de los antidisturbios en el desahucio es su "responsabilidad". "Si hay un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales para evitar el desahucio, no se debería ejecutar. Pero a menudo estos informes llegan después de la actuación policial", ha lamentado.