"Se han establecido por parte de los jerarcas de la educación una serie de definiciones que evidencian improvisación y que afectan el derecho a la educación; urge la convocatoria e instalación de ámbitos de diálogo", dice el comunicado emitido por los sindicatos educativos.
Entre las medidas "improvisadas", el texto destaca la obligatoriedad inicial de asistir a clase a partir del 1° de marzo pasado, medida que posteriormente fue suspendida, primero hasta el 4 y posteriormente hasta el 9 de abril, incorporando "la obligatoriedad de participar de la virtualidad sin garantizar las condiciones que lo posibiliten y no contradigan el principio de gratuidad".
Uruguay atraviesa un aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas que llevaron al Gobierno a adoptar medidas restrictivas como los cierres de free shop en la frontera con Brasil y de los centros termales en el litoral del país para evitar la saturación de los centros de cuidados intensivos.
El 1 de abril, el país registró un récord de muertes por COVID-19 con 35 fallecidos en 24 horas y superó las 1.000 desde que se detectó la enfermedad en el país el año pasado.
En la actualidad, con 360 camas ocupadas por pacientes con COVID-19 y 246 por personas con otras enfermedades, el país tiene un 70% de ocupación total en los Centros de Tratamiento Intensivo.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020, se han registrado 108.188 casos positivos de COVID-19, de ese total 85.200 se recuperaron.
Uruguay comenzó el plan de vacunación contra el COVID-19 el 1° de marzo pasado, y desde entonces 662.138 personas recibieron la primera dosis y 58.927 la segunda, según los últimos datos del Ministerio de Salud, en una población de alrededor de 3,2 millones de habitantes.