"Creemos que es buen comienzo que inicie la entrada a EEUU de la población que estaba bajo el programa 'Quédate en México', a seguir sus procedimientos de asilo allá, como medida para garantizar un proceso de asilo justo y el comienzo para restaurar su dignidad", dijo a Sputnik la representante de Instituto para las Mujeres en la Migración, (Imumi), Miriam González.
El retorno comienza después de que, el 12 de febrero, el presidente Joe Biden abolió los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), mejor conocidos como Remain in Mexico.
Desde 2019, el entonces presidente Donald Trump (2017-2021) obligó a casi 70.000 migrantes que llegaron a la frontera sur a someterse a un engorroso y lento mecanismo que les permitía acudir ante un juez migratorio estadounidense, que los devolvía a campamentos en las ciudades mexicanas, a esperar la respuesta.
Víctimas de la violencia
El retorno comenzó desde un campamento localizado en Matamoros, Tamaulipas, en el noreste de México, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas (sur), una zona conocida por ser escenario del crimen organizado.
La preocupación de las organizaciones defensoras de los derechos de migrantes se centra en la inseguridad y la violencia que padece esa población vulnerable, cuyo destino se desconoce en su inmensa mayoría, porque las autoridades mexicanas solo han logrado localizar a unas 6.000 registradas en albergues de la franja fronteriza.
"Tamaulipas es un estado donde se registró el mayor número de eventos de violencia contra migrantes, como secuestro, extorsión y robo contra las personas bajo esta política", explicó la defensora de las personas indocumentadas, centroamericanas en su mayoría, pero también caribeñas e incluso africanas.
En esa ciudad localizada a unos 20 kilómetros de las costas del Golfo de México, se instaló uno de los principales campamentos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración.
Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), unas 750 personas permanecieron en el campamento de Matamoros en condicones de vulnerabilidad.
La experta dijo que "del total de las devoluciones de solicitantes de asilo, desde el 29 de enero de 2019 a diciembre de 2020, el 28% fueron por ese punto fronterizo, el segundo después de Ciudad Juárez (fronteriza con El Paso, Texas) que registró el 31%".
Fin de agravios a la dignidad humana
La política migratoria implementada por Trump comenzó después de que amenazó con imponer aranceles de hasta 25% a las exportaciones de México si este país no contenía las caravanas de extranjeros.
Ese programa "atentaba contra la dignidad humana y el debido proceso para solicitantes de protección internacional", prosigue la defensora de los derechos de esa población.
La representante del organismo que pertenece a una amplia red internacional de defensores de derechos de migrantes lamenta que "el Gobierno mexicano ha permanecido en silencio, pese a que esa política de Trump fue contraria a nuestra Constitución".
La Casa Blanca anunció esa política migratoria el 20 de diciembre de 2018, ese mismo día el Gobierno de México anunció que lo aceptaría, "pero esa misma rapidez no la ha aplicado ahora, cuando Biden la termina".
Los centroamericanos comenzaron a cruzar ilusionados a proseguir sus trámites en suelo estadounidense por el Puente Nuevo, que une a Matamoros con Brownsville.
Luego de registrar sus datos y aplicarse pruebas de COVID-19, los migrantes fueron conducidos por personal de la Organización Internacional de las Migraciones hacia el cruce internacional.
La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas anunció que a partir del 26 de febrero comenzarán a cruzar cien migrantes cada día, en grupos de 25 cada dos horas durante ocho horas hábiles.
La expectativa de las organizaciones civiles es que Biden y el Partido Demócrata logren consumar la reforma migratoria que el presidente Barack Obama (2009-2017) no pudo promulgar, porque el Partido Republicano se opuso en el Senado.
En forma gradual, el siguiente paso podría contar el apoyo de algunos republicanos para el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA,) también conocidos como Dreamers (Soñadores) y para otorgar permisos a trabajadores temporales.
Según Acnur, en los tres primeros días de funcionamiento del sitio web, la semana pasada se registraron más de 8.000 casos, equivalente a unas 12.000 personas solicitantes de asilo.
Pero esa cantidad es menos del 20% de los 70.000 personas que hicieron una travesía de más de 2.000 kilómetros.
Ante el acecho de bandas del crimen organizado que trafican armas, drogas y personas, la pregunta que domina el ambiente en la frontera es: ¿qué ocurrió con esos miles de personas, dónde están?