Argentina se transformó el 30 de diciembre de 2020 en el país más poblado de Latinoamérica en contar con una ley de aborto voluntario, una deuda histórica de la democracia con las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.
Dos días después de que la norma entrara en vigencia, el 23 de enero, en la Villa 1-11-14 del popular barrio porteño del Bajo Flores, una profesional de la salud y militante feminista dio a conocer que había firmado la primera receta del fármaco misoprostol para lo que sería el primer aborto legal de la Argentina, por lo menos del primero de que se tiene noticia.
Cioffi es integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y militante de la de la organización feminista Mala Junta, así como de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
"Ahora podemos acompañar siempre y, lo más importante, me parece, es que no importa con quién se encuentren del otro lado, esa práctica se tiene que garantizar, no es que tiene que haber un profesional que ya viniera garantizando o que milite el feminismo sino que todas tienen que poder acceder a ese derecho", enfatizó.
El Código Penal de 1921 penaba al aborto, lo permitía únicamente en caso de violación o de encontrarse en peligro la salud de la mujer. En un fallo de 2012 la Corte Suprema incluyó como no punible la integridad psicológica, con la presentación de una declaración jurada ante un médico.
"Ya veníamos garantizando interrupciones legales por causales, según el Código Penal, entonces ya veníamos trabajando desde esa perspectiva hacía muchos años y con mayor profundización desde el fallo F.A.L en 2012, donde pudimos empezar a garantizar aún más porque vino a despejar un poco qué significaban las causales", detalló la profesional de la salud.
Igualdad de derechos y justicia social
Argentina tiene registro de más de 39.000 internaciones hospitalarias por año como consecuencia de abortos clandestinos y, desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta 2019, al menos 3.200 mujeres han muerto por esta causa. Hasta la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se calcula que se realizaban hasta 520.000 abortos inseguros por año, 54 por hora, y que cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años era forzada a gestar, parir y criar, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.
"Sobre todo es importante para el sector de la población más vulnerable y de ciudades y provincias donde el acceso específicamente al aborto era totalmente negado. Lo que trae la ley es mayor igualdad en materia de acceso a derechos, por eso nosotros decimos que es una cuestión de justicia social. Si bien para todas es distinto acceder en el marco de la legalidad que en la clandestinidad, para algunas eso podía ser una situación más traumática o con menos acompañamiento y para otras era poner en riesgo sus vidas", resaltó Cioffi.
La médica explicó que el tratamiento completo con misoprostol, que es la droga más común para la interrupción voluntaria del embarazo, cuesta alrededor de la mitad de un salario mínimo en Argentina, unos 7.000 pesos (80 dólares, a tipo de cambio oficial), por lo que el acceso es muy restringido para la población femenina carenciada, que en muchos casos carece siquiera de un ingreso.
"Que ahora el Estado y también las obras sociales y prepagas [prestadoras de salud privadas] tengan que cubrir el 100% del tratamiento, es un gran avance. En Argentina se produce misoprostol en un laboratorio privado local y también por uno público de la provincia de Santa Fe, que fue aprobada la semana pasada para la posibilidad de comercializarlo en todo el país. También hay otros laboratorios públicos estudiando para producir", contó la especialista.
Cioffi matizó que el misoprostol utilizado solo tiene un porcentaje de falla del orden del 10%, pero mejora su eficacia al 97%, 98% cuando es asociado con mifepristona, una droga que no está aprobada aún por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
29 de enero 2021, 13:59 GMT
"Es muy emocionante poder transformar la interrupción legal del embarazo a voluntaria, que la voluntad de la persona esté en el centro y poder acompañar ese proceso, sabiendo que es producto de muchas generaciones alrededor de esta consigna que es 'educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir', que nos viene organizando hace muchísimos años", resumió.
Durante 2020 hubo dos proyectos de ley debatidos en simultáneo. El presentado por octava vez en mayo de 2019 por la Campaña Nacional, y hubo otro similar que contó con el aval del Gobierno y que fue enviado al Congreso por Alberto Fernández, primer presidente en oficio en la historia en posicionarse abiertamente a favor y encarar esta iniciativa.
"En Argentina hay una historia de movimientos feministas de más de 34 años y la Campaña tiene más de 15 años. Es emocionante saber que este derecho lo conquistamos colectivamente y que también hay un Gobierno que acompañó esa lucha, porque nos invita a seguir organizándonos para seguir transformando", concluyó.