"La Sala de Reconocimiento de la JEP llamó a (…) Miguel Maza Márquez a rendir versión, el próximo 26 de marzo, en el caso 06 (Victimización de miembros de la Unión Patriótica)", anunció la JEP en un comunicado.
Sin embargo, por ser un general retirado de la Policía califica como compareciente ante el tribunal de paz y debe responder ante sus magistrados.
"En su plan de contribución a la verdad ante la JEP, el general (r) Maza Márquez prometió, entre otros asuntos, ofrecer información sobre la posible infiltración del DAS por organizaciones criminales y la relación entre el estamento militar y los grupos paramilitares, que sirvió de plataforma no sólo para el magnicidio del doctor Luis Carlos Galán, sino también para la comisión de auténticos crímenes contra la humanidad, como el genocidio de la UP", dice el comunicado.
La citación
El tribunal de paz hizo el llamado al tener en cuenta que Maza Márquez fue mencionado en los informes de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como en los reportes presentados por las víctimas, y luego de recaudar numerosas pruebas y decisiones judiciales de la justicia ordinaria.
En 2016 la Corte Suprema de Justicia condenó a Maza Márquez a 30 años de prisión como coautor del magnicidio de Galán y como autor del delito de concierto para delinquir agravado "por promover el grupo armado ilegal que conformaron las autodefensas del Magdalena Medio", ya que "tejió estrechos vínculos con Henry de Jesús Pérez Durán, comandante de dicho grupo ilegal".
Según la JEP, los grupos paramilitares del Magdalena Medio fueron responsables de múltiples asesinatos y masacres en contra de miembros de la UP, lo que fue tenido en cuenta por ese tribunal para citar a Maza Márquez.
El general retirado deberá dar explicaciones sobre el asesinato de varios dirigentes nacionales y regionales de la UP que han sido documentados a través de informes oficiales y no gubernamentales allegados a la Sala de Reconocimiento de la JEP.
Tales crímenes "ocurrieron durante su ejercicio como director del DAS (entre 1985 y 1991), en los que se vieron involucrados funcionarios de dicha institución, que era responsable de la seguridad y escolta de las víctimas", precisó el tribunal.
Dentro de los casos mencionados en los informes presentados a la JEP se encuentran los asesinatos de los candidatos presidenciales por la UP Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990, así como de directivos nacionales y regionales de esa colectividad.
En un periodo de diez años, entre mediados de la década de los 80 y los 90, alrededor de 6.000 integrantes y militantes de la UP fueron asesinados de manera sistemática por paramilitares en connivencia con agentes del Estado.