Los congresistas estadounidenses aprovechan cualesquiera pretextos para ejercer presión sobre Rusia, precisamente pretextos, no fundamentos, señaló Kosachov, agregando que el caso Navalni "es un asunto estrictamente interno de la Federación de Rusia, que no tiene nada que ver con EEUU ni con las relaciones bilaterales".
"La intención de imponer sanciones con este motivo es una injerencia en el procedimiento judicial de Rusia y una violación de los principios básicos de la supremacía de la ley, lo que deberían saber bien los congresistas y los senadores de EEUU", subrayó.
El martes 2 de febrero la Justicia rusa hizo efectiva una pena suspendida de 3,5 años de cárcel contra el bloguero opositor Alexéi Navalni. La pena dictada a Navalni incluye los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario, es decir si sus abogados no logran recurrir el fallo, el opositor se enfrenta a dos años y ocho meses de prisión.
A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas.
El senador republicano Mitt Romney, después de anunciado este dictamen judicial, dijo que presentará un proyecto de ley sobre sanciones contra las personalidades "responsables". Llamamientos similares resonaron en la República Checa y en Polonia.
El Ministerio de Exteriores de Austria se pronunció en contra de que las sanciones por el caso Navalni afecten el proyecto Nord Stream 2.
Alemania hizo una declaración similar. El portavoz de su Gabinete de Ministros dijo que queda sin variar la posición de Alemania relativa a la implementación del proyecto Nord Stream 2.
La Cancillería de Rusia aconsejó a los políticos extranjeros que comentan el caso Navalni respetar el derecho internacional y ocuparse de los problemas de sus países. El canciller Serguéi Lavrov dijo que las declaraciones de los políticos occidentales sobre este tema parecen estar calcadas.
El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró que el Kremlin no se propone hacer caso a las declaraciones de Gobiernos extranjeros sobre Navalni.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó de "espectáculo político" la conducta de los diplomáticos extranjeros relacionada con el proceso judicial contra Navalni.
Las afirmaciones de que Navalni es perseguido por su actividad política fueron refutadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que no encontró intríngulis política en el caso investigado en relación con la denuncia de Yves Rocher.