Distintas familias originarias del municipio de Comitancillo, Departamento de San Marcos —que tiene frontera con el Estado mexicano de Chiapas— dieron aviso a las autoridades de su país, alertando que las personas asesinadas y abandonadas en una camioneta calcinada a escasos kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos, son guatemaltecas.
El 1 de febrero de 2021, una semana después de que se conociese públicamente la masacre, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero —quien suple el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuarentena tras haber contraído la enfermedad producida por el nuevo coronavirus— afirmó que cuatro de las 19 personas asesinadas ya han sido identificadas como dos ciudadanos guatemaltecos y dos mexicanos.
Además, Sánchez Cordero informó que la camioneta dónde fueron abandonados los cuerpos de las víctimas había estado en poder del Instituto Nacional de Migración mexicano en diciembre pasado, por lo que se investigará el papel de la autoridad migratoria del país azteca en lo sucedido.
"Tenemos conocimiento que el Instituto Nacional de Migración pudo haber tenido retenida esa camioneta relacionada con los hechos, pero todo está investigándose. Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de los funcionarios o servidores públicos del mismísimo Instituto", dijo la Secretaria en conferencia de prensa.
Una historia de impunidad
Sindy Hernández Bonilla es investigadora del Instituto de Investigación y proyección sobre dinámicas globales y territoriales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que integra la Red Jesuita con migrantes de Centroamérica, una de las organizaciones civiles que se manifestaron públicamente al conocerse lo ocurrido.
"Ha sido una noticia devastadora y triste, que confirmó las denuncias que desde distintos sectores de la sociedad civil se habían hecho. Desde la Red Jesuita con migrantes de Centroamérica señalamos que esta masacre es una evidencia más de la corrupción e impunidad que imperan en México y de la tolerancia de los Gobiernos con las redes criminales", expresó Hernández en diálogo con Spuntik.
23 de agosto 2020, 14:00 GMT
La Red Jesuita recordó cómo ni el crimen ocurrido en el año 2010 con el asesinato de 72 centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, tampoco el hallazgo de fosas clandestinas en el mismo sitio un año más tarde; ni la masacre de Cadereyta, Estado de Nuevo León, en 2012, en las que todas las víctimas fueron extranjeras, han tenido justicia ni se ha aclarado la verdad detrás de una violencia sin sentido ni dirección.
"Estas masacres, visibles por su brutalidad como en el caso reciente, se cometen contra la población migrante pero también contra quienes viven en los alrededores de estas zonas fronterizas, que viven atemorizadas", agregó la fuente.
Santa Anita, un poblado del estado de Tamaulipas próximo a su frontera con Nuevo León, donde apareció abandonada la camioneta calcinada con los cuerpos de las víctimas, está a menos de 50 kilómetros de la llamada "frontera chica" de México con Estados Unidos, que ha sido catalogada como un "pequeño infierno" por corresponsales mexicanos, dado el control que de ella tienen diversos grupos paramilitares.
"La respuesta de los Gobiernos ocurre en momentos de mucha preocupación, la Cancillería se pronuncia y dice que dará un seguimiento que las masacres anteriores no han tenido. Han dejado a las víctimas y sus familiares en la zozobra, que enluta a su familia y a las comunidades", explicó la académica.
La Red Jesuita con Migrantes Centroamericanos en Guatemala, recibió la alerta de algunas familias de los municipios de Comitancillo, Sipacapa y Catarina, quienes desde el lunes 25 de enero de 2021, acudieron a brindar muestras de su ADN al Ministerio de Relaciones Exteriores, con la sospecha que sus familiares pueden estar dentro de las víctimas.
Sánchez Cordero sostuvo que la Secretaría de las Relaciones Exteriores mexicana está en contacto permanente con las autoridades guatemaltecas para conocer las evidencias y los hechos ocurridos ante del crimen, pero no ahondó más detalles.
"Aunque los Gobiernos sostengan el discurso del Pacto global de las migraciones que busca un movimiento ordenado, seguro y regular, esta masacre y las anteriores evidencian que la migración no puede ocurrir en un contexto seguro. Tampoco puede ser regular, debido a la selectividad con que se otorgan las visas a los centroamericanos que en cambio, si fuesen accesibles y parte de la política migratoria, permitirían evitar estas masacres", apuntó la experta.
Un nuevo Ayotzinapa
Carlos Ordóñez Mazariegos, doctor en antropología y profesor de la maestría en Etnicidad, desarrollo y derecho indígena que se da en conjunto entre la Universidad Nacional de México (UHAM) y la Universidad de San Carlos, de Guatemala, supo de lo ocurrido por uno de sus estudiantes, originario de Comitancillo.
"Mi alumno me expresó que ellos identificaron comunalmente a las posibles víctimas, entre las que hay ocho personas de Comitancillo, que está de luto desde que tuvieron de primera mano la información de los hechos acontecidos", relató Ordóñez en diálogo con Sputnik.
El académico hizo circular la información entre sus contactos políticos en México, pero no ha recibido aún mayor respuesta al respecto. Además, relató que distintos colegas en Guatemala, sobre todo analistas políticos, han señalado que existe "una triple tensión" entre ambos países.
"México endurece sus políticas migratorias, cerrando la brecha al norte, con el dato terrible de esta masacre que aunque tiene un impacto menor de lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa (desaparecidos desde 2014 en el sur de México) cobra una notoriedad similar para Centroamérica", explicó el investigador.
Además, sostuvo que algunos análisis han señalado que además de los legítimos reclamos por verdad y justicia, se ha colado desde la derecha política un resquemor ante el avance "populista", como algunos caracterizan al Gobierno mexicano a cargo de Andrés Manuel López Obrador.
"La derecha de Guatemala ve con resquemor a López Obrador, lo ve como un peligro de que su discurso populista llegue a Guatemala y tenga un efecto dominó sobre Centroamérica", analizó en diálogo con este medio.
El tercer elemento de tensión es la desesperación que está viviendo la población del país. "Imagínese migrar en plena pandemia, contra todo pronóstico", apuntó Ordóñez.
Sobre este punto, Hernández comentó que durante 2020, han probado que el Departamento de San Marcos registró una mayor deserción escolar que la media en Guatemala.
"Ante la necesidad económica en sus familias, niños y jóvenes abandonaron los estudios y se fueron a ayudar en labores agrícolas, a buscar trabajo en el sur de México o migraron a Estados Unidos", apuntó la investigadora de la Universidad Rafael Landívar, sobre un trabajo que está próximo a publicarse.
Esto, apuntó Hernández, se suma a la falta de atención gubernamental ante las crisis provocadas por las tormentas y huracanes recientes, además de la pobreza endémica de la zona que no fue revertida por la presencia de una explotación minera subsidiaria de la multinacional canadiense Gold Corp en el departamento.
Aunque la Mina Marlin estuvo activa en Sipacapa durante 12 años, no mejoró la calidad de vida de su población de forma duradera, indicó Hernández, que evitase que San Marcos sea uno de los departamentos de Guatemala con mayor índice de migración entre su población.
Para Ordóñez, la respuesta dada hasta el momento por el Gobierno de Guatemala, encabezado por Alejandro Giammatei desde comienzos del año 2020, ha sido tibia, dada la magnitud de lo sucedido.
"Si en vez de guatemaltecos, hubiesen sido argentinos calcinados en Brasil, estaríamos viendo una respuesta diferente. El presidente Giammatei debería tomar una posición firme exigiendo una explicación a México, para que aclare que ocurrió con sus ciudadanos, pero parece que el Gobierno guatemalteco no va a hacer nada de eso", concluyó.