El absentismo escolar es una decisión extrema que los padres han adoptado a expensa de las autoridades. La comarca del Campo de Gibraltar y la localidad de La Línea de la Concepción han batido todos sus récords en las últimas semanas.
Aunque las cifras de la Junta de Andalucía dan un respiro, con una bajada de la tasa de incidencia el viernes 29 de enero, a 1.705,2 afectados por cada 100.000 habitantes, en los últimos días se han llegado a alcanzar una incidencia de 2.460,92.
Con una población de 63.630 habitantes, la unanimidad ha sido tremenda a la hora de no asistir a clase. "Hoy, por ejemplo, de los 215 alumnos de nuestro centro, solo han venido 5, la asistencia no supera el 3%, y es igual en la mayoría de los centros", revela a Sputnik Enrique Díaz, director del CEIP La Atunara.
Los padres y madres no salen de su asombro ante el hecho de que las autoridades se planteen, en estas circunstancias, mantener los centros abiertos. "Hace semanas que aquí está todo cerrado, ¿por qué las aulas tienen que seguir abiertas?", cuestiona al teléfono Carolina López. Su hija, alumna de 4º de ESO en el IES Mediterráneo, permanece en casa desde el 11 de enero. Según cálculos municipales y de las asociaciones de madres y padres, de los 12.500 alumnos de la localidad, solo el 3% asiste a clase desde Navidades.
El ambiente de La Línea de la Concepción es fantasmagórico, tras petición del Ayuntamiento, la mayoría de las familias se han autoconfinado. "Por eso es imposible entender, con más de 500 en la tasa de incidencia hay que cerrar el grifo, aquí superamos los 2.000 y nos exigen asistir a clase", espeta Carolina indignada.
Rigidez de la administración
La Junta de Andalucía ha querido optar, a pesar de las cifras y la postura de los padres, por mantener las clases operativas a toda costa.
"El miedo no es una justificación para faltar a clase", afirmó el 27 de enero el consejero de Educación y Deporte andaluz, el extécnico de baloncesto, Javier Imbroda.
Fuentes de la Consejería revelan que, hasta el 31 de diciembre, el absentismo escolar en la educación primaria prácticamente dobló a la del curso pasado, sobre todo en primaria (de 6.152 a 11.427 alumnos). Pero desde la Junta recalcan que "la educación es segura": en datos del primer trimestre del curso, frente a una incidencia del 2,98% en la población, en el alumnado es de solo el 1,07%
15 de enero 2021, 13:47 GMT
En España, los padres tienen derecho a decidir si sus hijos van o no a clase hasta los 6 años, desde entonces, la educación es obligatoria. Por ello, los padres que fomenten el absentismo escolar se enfrentan a expedientes.
Ante la vía de abrir expedientes —que deberán ser gestionados por los servicios municipales de La Línea— el alcalde de la localidad, Juan Franco, advertía que la vía punitiva podría colapsar a la administración local, "el Ayuntamiento tiene dos personas para tratar el absentismo escolar y habría que incoar unos 11.800 expedientes", advertía en medios locales. El Ayuntamiento también pide que se cancelen las clases.
"No entendemos que en esta situación la administración solo entienda el lenguaje de las amenazas. Los inspectores han llamado a los centros para amenazar con expedientes", cuenta a Sputnik Belén Navarro, vocal de la Confederación de madres y padres de Andalucía. "Nos tienen contra la espada y la pared, somos los padres los que tenemos que decidir entre educación o seguridad".
19 de enero 2021, 12:53 GMT
El único consenso existente entre madres y padres, docentes y la administración es que la presencialidad es la mejor opción educativa. No obstante, AMPAS y profesores proponen "más flexibilidad y adaptar las decisiones a contextos determinados", nos explica Miguel González, de la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (ADIAN). "Hay que dialogar, si hay más de 1.000 en la incidencia acumulada, la verdad es que lo lógico es cerrar las aulas".
El embrollo es tal, con los padres reclamando seguridad y la Junta reclamando el funcionamiento de las aulas, que la Justicia está arbitrando decenas de casos similares. Desde el TSJA informan de que, hasta el momento, se está decidiendo a favor del cierre de los colegios u otros centros como geriátricos de manera temporal, "prevaleciendo el derecho a la salud […] aunque impliquen la limitación o vulneración de otros derechos fundamentales", como la libertad de movimiento o el derecho a la educación.
Mientras la Consejería de Educación, el Ayuntamiento y la Justicia deciden cómo afrontar el vacío de las aulas, los padres siguen optando por la seguridad. "Estamos hablando de mis hijos, no de unas cifras, para ellos es política, para mí es seguridad", cuenta Carolina López.
Padres y madres del Campo de Gibraltar permanecen incrédulos ante los vaivenes y contradicciones políticas. En Andalucía, la Junta reclama al Gobierno el confinamiento absoluto, pero sin embargo "no clausura aulas con una tasa de incidencia superior a los 2.000 por cada 100.000 habitantes", lamenta Carolina, "y en Cataluña, ahora nos enteramos de que positivos COVID podrán ir a votar con EPIs, ¡esto es de locos!"
Las soluciones tardarán en llegar, mientras, La Línea, el único pueblo de la Península Ibérica con frontera terrestre con Reino Unido, sigue a la sombra de la cepa británica.