"Que mediante la referida Ley N° 27.605 se creó, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario y obligatorio que recae sobre las personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país y en el exterior, cuyo valor total de bienes esté por encima del monto que allí se especifica", dice la Ley que fue publicada en el Boletín Oficial.
La ley prevé el cobro por única vez de una tasa de entre 2 y 3,5% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares), lo que abarcará a 12.000 contribuyentes.
El Gobierno de Alberto Fernández espera recaudar con esta medida 300.000 millones de pesos (unos 3.458 millones de dólares).
Empresarios, industriales, gremiales del campo y dirigentes opositores hicieron públicos sus cuestionamientos a este impuesto.
Por su parte, la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd), en un informe titulado Ahora o nunca: Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y El Caribe, señaló el 15 de diciembre que un impuesto a las grandes fortunas tendría un potencial de recaudación en 20 países de la región de 26.504 millones de dólares al año, una estimación "conservadora" que podría llegar al doble.
La riqueza en América Latina y el Caribe está híperconcentrada en pocas manos y casi no tributa, según Latindadd.
La organización informó que 41% de la riqueza lo tiene 1% más rico, que solo aporta el 3,8% de la recaudación total.