"Queda sancionado el proyecto de ley de declaratoria de emergencia sanitaria y se lo remite a la Cámara de Senadores para fines constitucionales", anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
La norma, propuesta por el Gobierno de Luis Arce y resistida por sectores de médicos, será votada la próxima semana en el Senado, órgano en el cual el MAS tiene mayoría igual que en la cámara baja.
Amenaza
En la mañana del viernes, solo horas antes de la primera votación parlamentaria, el Colegio Médico de La Paz había amenazado con declarar huelga si el proyecto no era paralizado.
La demanda de los galenos asociados fue respaldada por las bancadas conservadoras de Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y Creemos del exlíder cívico Luis Camacho, que terminaron abandonando la sesión ante la determinación masista de no introducir modificaciones en el proyecto.
"Durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria no podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de salud como consecuencia de paros, huelgas, protestas, jornadas académicas u otras análogas", dispone un artículo del proyecto, que los médicos asociados consideran violatorio del derecho a la protesta.
El Colegio Médico paceño objetó también otro artículo que autoriza al Ministerio de Salud a contratar médicos no titulados en Bolivia, denunciándolo como una vía para el retorno de brigadas médicas cubanas que fueron echadas del país por el Gobierno transitorio derechista de Jeanine Áñez a fines de 2019.
El ministro de Salud, Jeyson Auza, defendió el proyecto ante el plenario asegurando que ese artículo beneficiaría a millares de médicos bolivianos titulados en Cuba, Brasil y otros países.
El proyecto dispone la creación de un Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, que en la práctica ya funciona provisionalmente y está compuesto por representantes de 11 ministerios.
La norma incluye además medidas para ejercer controles más estrictos sobre el comercio de medicamentos y los servicios médicos privados, además de regulaciones sobre cuarentenas regionales y personales.