"De ahora en adelante, por decreto Presidencial, el 16 de enero será el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados. Así empezaremos a construir la paz", anunció Bukele en su cuenta de la red social Twitter.
De ahora en adelante, por decreto Presidencial, el 16 de enero será el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”.
Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados.
Así empezaremos a construir la paz. pic.twitter.com/trFSvJxati
Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados.
Así empezaremos a construir la paz. pic.twitter.com/trFSvJxati
La decisión del jefe de Estado coronó una serie de mensajes en contra de los Acuerdos, los cuales tildó de "farsa" en diciembre pasado, durante una visita al cantón El Mozote, donde el proscrito batallón Atlacatl de la Fuerza Armada masacró a un millar de civiles en 1981.
Bukele, quien asumió la presidencia en junio de 2019, no celebró la efeméride el pasado año y tampoco lo hizo este, por considerarlo un "pacto de corruptos" entre la cúpula de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
"Unos gobernaron dos décadas (Arena), los otros una (FMLN). Ambos asesinaron y saquearon descaradamente a nuestro pueblo. Pero dicen que quieren otra oportunidad, que piden perdón (de nuevo) por el pasado, que ahora sí cumplirán, dándonos la paz y justicia que prometieron". reprochó Bukele en sus redes sociales.
El mandatario afirmó que "destapar la farsa de los Acuerdos de Paz no es negar a las víctimas", pero desde la sociedad civil lo han acusado de incumplir sus promesas de justicia y combate a la impunidad.
De hecho, Bukele avaló la negativa de la Fuerza Armada a cumplir una orden judicial para inspeccionar los archivos militares sobre la masacre de El Mozote, como parte de un proceso contra una docena de altos oficiales del Ejército.
El conflicto armado (1980-1992) dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, según el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, y la corte constitucional derogó en 2016 una Ley de Amnistía que impedía procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.