Exterminio de la Unión Patriótica en Colombia: "Nunca imaginamos que fuera una orden presidencial"

Uno de los capítulos más oscuros de la guerra en Colombia es el exterminio de los militantes de la Unión Patriótica, una fuerza política surgida en 1985 producto de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y la entonces guerrilla de las FARC.

La naciente colectividad convocó a diversas tendencias de la izquierda colombiana, pero al tiempo que se abría paso en la vida política sus militantes empezaron a ser asesinados. El Centro Nacional de Memoria Histórica señaló que entre 1984 y 2002 fueron asesinados al menos 4.153 integrantes de esta colectividad.

Este largo rosario de militantes asesinados incluyó a dos de sus presidentes: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo; el dirigente de la Juventud Comunista José Antequera; nueve de los 14 congresistas elegidos en 1986; 11 diputados, 109 concejales y al menos ocho alcaldes.

Una matanza que hizo que la UP desapareciera de los tarjetones y perdiera su aval como partido, así como justificó el retorno de las FARC a las armas. Una de sus sobrevivientes es Aída Avella, presidenta de la colectividad en los años 90, hoy senadora de la República y dirigente de esta colectividad, que luego de un fallo de la Justicia colombiana recobró su personería jurídica.

Avella, de 71 años, fue una fogosa dirigente sindical en su juventud que se integró a la UP desde su fundación. Por esa razón, es testigo de excepción de la persecución que vivió el partido durante los años 80 y 90. Participó de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, y en 1992 asumió como concejal de Bogotá y presidenta de la UP, hasta mayo de 1996 cuando sufrió un atentado en el que, con un lanzacohetes, trataron de asesinarla. Razón de peso que la lanzó al exilio durante 17 años.

Regresó a Colombia en noviembre de 2013 para retomar la presidencia la UP, luego de que en julio de ese año un fallo del Consejo de Estado reconoció la persecución que padecieron y le devolvió la personería jurídica a este partido, que perdió en medio de la zozobra y la estigmatización de esos años.

En 2014 la Fiscalía General de la Nación declaró crimen de lesa humanidad el asesinato de militantes de la UP y hoy el proceso contra el Estado colombiano está a la espera de un fallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las elecciones de 2018, la UP participó de una alianza de fuerzas políticas y alcanzó una curul en el senado. Curul que ocupa Aída Avella.

En diálogo con Sputnik, Avella dio su opinión sobre la más reciente revelación del periodista Alberto Donadio, quien ha investigado la participación de la inteligencia israelí en Colombia y denunció recientemente que uno de sus más importantes espías, Rafi Eitan —asesor de seguridad y amigo del presidente colombiano Virgilio Barco (1986- 1990)—, habría recomendado al mandatario colombiano exterminar a la fuerza política de izquierda que nació de un acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla.

Eitan fue un importante espía del Mossad, nacido en la actual Palestina en 1926 y fallecido en Tel Aviv en 2019. En 1960 dirigió la cinematográfica operación de secuestro en Argentina del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, llevado a Israel donde fue procesado y condenado a muerte. Luego Eitan se especializó en la llamada "lucha antiterrorista" en todo el mundo y dirigió la oficina de Relaciones Científicas, otra agencia de espionaje al servicio de Israel.

La revelación ha causado revuelo en la política del país suramericano. Barco murió en 1997 con un avanzado alzhéimer; sus principales colaboradores tampoco están vivos y los que quedan han salido en su defensa y afirman que Barco fue un demócrata. Sobre la supuesta orden del jefe de Estado de exterminar a la UP no hay mayores evidencias, pero sí las hay sobre la responsabilidad del Estado que vio cómo asesinaron a cientos de militantes de este partido. Incluso, está probada la participación de agentes de Estado, en complicidad con fuerzas paramilitares, en muchos de estos crímenes aunque en su mayoría los procesos penales siguen en la impunidad.

Sobre esta tormenta que vive Colombia habló Avella, quien no pudo evitar romper en llanto al rememorar esos días de muerte. Aseguró que siempre supo de la participación de los Estados Unidos en el exterminio de la UP a través de la Operación Cóndor, que impulsó la persecución del comunismo en América Latina, asesinando a sus militantes y promoviendo golpes de Estado como los de Chile, Argentina y Brasil. Pero no imaginó que el Mossad, la agencia de inteligencia Israelí, también tuviera sus manos metidas en la guerra colombiana.

—Virgilio Barco gobernó entre 1986 y 1990. Yo era dirigente sindical en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y prácticamente se acababa de fundar la Unión Patriótica. Eran días de grandes avances en el movimiento social colombiano que se sumó a la UP. Allá llegamos sindicalistas, amas de casa, estudiantes, intelectuales y personas que estaban decepcionados de los partidos políticos tradicionales. Yo estaba desde ese comienzo y me tocó lo más duro del genocidio. Vi morir a cientos de compañeros y sufrí la más despiadada persecución.

—Fue un operativo militar y paramilitar que consistió en matar a los parlamentarios de la UP que habían sido elegidos en las elecciones de 1986. Eran nueve representantes a la Cámara y cinco Senadores. De los 16 nos mataron a nueve. Se llamó el Baile Rojo precisamente porque se trataba de matar a "los rojos". Todos los días había asesinatos y no solo de nuestros congresistas sino también de los concejales, alcaldes y diputados.

—Más de 4.000, por eso hablamos de que vivimos un genocidio. Primero mataron a los parlamentarios, para intimidar, y luego siguieron con dirigentes elegidos en las elecciones de 1986, para después asesinar a todo el que tuviera carné del partido. De nuestra lista solo dos de los parlamentarios habían salido de la guerrilla, el resto eran representantes de otros sectores y por eso tuvimos tanto éxito electoral en 1986, pero hicieron retroceder a bala nuestro avance electoral.

—Sí, nos asesinaron a dos presidentes del Partido. Primero fue Jaime Pardo Leal, un exmagistrado, un abogado brillante y un orador impresionante. Lo asesinaron el 11 de octubre de 1987. Lo amenazaban mucho y lo asesinaron volviendo de su finca. Luego a Bernardo Jaramillo. Lo asesinaron el 22 de marzo de 1990. Bernardo era un joven de 34 años. Abogado, que ejerció un importante liderazgo en el Urabá antioqueño, siendo militante del Partido Comunista y presidente de la UP. Somos un partido al que le han asesinado buena parte de su dirigencia, incluyendo a dos presidentes. En todos los casos hubo participación de agentes del Estado. Es muy difícil describir lo que ha sido para nosotros la militancia política. Durante el Gobierno de Barco fue cuando más asesinatos se cometieron contra la Unión Patriótica. La arremetida fue feroz.

—Así es, al mes de haber asesinado a Bernardo mataron a Carlos Pizarro, durante un vuelo de avión, en abril de 1990, cuando era candidato presidencial del partido político que surgió de las negociaciones de paz con el M-19. Y veníamos también del crimen del candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989. Es decir, hubo una serie de hechos políticos que afectaron a la Unión Patriótica pero también a otros partidos. No descansaron hasta acabar con toda una generación de dirigentes políticos, la mayoría ocurridos durante el Gobierno Barco. Era un país que se gobernaba en Estado de sitio, en el que la gente no podía protestar porque inmediatamente era procesada, un poquito como ahora.

—Pues los jóvenes de 1990 se lanzaron a las calles. Habían matado a cuatro candidatos presidenciales, dos de la UP, y la gente estaba cansada. Entonces salieron a pedir una Asamblea Nacional Constituyente. En las elecciones de 1986 el movimiento estudiantil estaba afónico de pedir cambios y como no era posible, en 1990, en las elecciones, los jóvenes coparon las calles pidiendo la Séptima Papeleta, que era la solicitud por una nueva Constitución, y cómo se negaron, depositamos la Séptima Papeleta. En el conteo, que no querían hacer, resultó que el 30% de los votantes querían una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces en las elecciones de mayo, que era la presidencial, más del 80% pidió la Asamblea, que se convocó para diciembre de 1990.

—Fuimos elegidos 70 constituyentes, dentro de los cuales había cuatro mujeres. Una de ellas fui yo. Ingresamos por la lista número 48 denominada la "lista por la vida", que encabezaba el doctor [y excanciller] Alfredo Vásquez Carrizosa, y entonces se acabó el gobierno de Barco y empezó el proceso constituyente. Eran demasiados los asesinatos que ocurrían por esos días, entonces resolvemos poner la demanda por el genocidio político, que la pusimos en diciembre de 1992.

Cuando salgo de la Asamblea Nacional Constituyente me nombraron presidenta de la Unión Patriótica, y quedo elegida concejal de Bogotá. Esto me puso en un gran riesgo. Riesgo que asumí hasta el 7 de mayo de 1996 cuando atentan contra mi vida. Es el único atentado en Colombia hecho con un Rocket.

—Fue espantoso [llora]. Enterrar a mis compañeros, como a Leonardo Posada, que había sido elegido representante a la Cámara [asesinado el 30 de agosto de 1986]; a Pedro Nel Jiménez [1 de septiembre de 1986], que era Senador; a Pedro Luis Valencia [14 de agosto de 1987]; a Octavio Vargas [14 de diciembre de 1987] y a tantos otros [llora]. Entre el asesinato de Leonardo, ocurrido en Santander, y el de Pedro Nel, asesinado en el Meta, hubo un día de diferencia. En menos de un día nos asesinaron a dos congresistas. Eso fue horrible. Fue una época durísima. Enterrar a nuestra gente un día tras otro. No acabábamos de enterrar a Leonardo, que lo habían asesinado al salir de una fiesta, cuando asesinaron a Pedro Nel, mientras llevaba de la mano a su hija al colegio. Muy doloroso. ¿Cómo pudieron matar a dos parlamentarios en distintas ciudades en menos de 12 horas? Eso solo se explica porque había un plan de exterminio en marcha.

—Siempre intuí que había organismos internacionales de por medio, como la CIA, pero ahora también sabemos que hubo participación del Mossad. Y esto coincide un poco con que fuera un plan detallado, sistemático, en el que participó el Estado colombiano. Al tiempo que nos asesinaban militantes también empezaron las masacres.

Por ejemplo, la realizada en Segovia, Antioquia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988. Era una de las alcaldías en que había sido elegida Rita Ivon Tobón, que era de la UP. Allí mataron 43 personas; y quedaron heridas 38. Los criminales recorrieron el pueblo lanzando granadas. Duraron varias horas matando gente.

Segovia es un municipio dedicado a la extracción de oro. Años después se descubrió que los militares acantonados en el municipio participaron de la masacre y que los boletines de amenazas fueron escritos en papelería de la Gold Maiden Company, que era la empresa que extraía oro allí, y ese papel membretado de la compañía se lo había regalado al Ejército. El paramilitar que dirigió el operativo, el negro Vladimir, después confesó que el que había presionado para la masacre era César Pérez García, entonces presidente del directorio liberal de Antioquia [condenado en 2013 por la Corte Suprema de Justicia a 30 años de cárcel por esta masacre].

—Claro, y con la participación del Estado colombiano. Lo que hemos llevado a los diferentes tribunales, tanto nacionales como internacionales, son casos en que está probada la participación de las fuerzas militares en los asesinatos. No solamente los magnicidios, sino también los crímenes regionales. Fue una época dolorosísima. Los militantes de la UP no salíamos de los cementerios, cuando no era en el departamento del Meta era en Tolima, cuando no era en el Tolima era en Cauca, en Bogotá y en Cundinamarca. Fue muy fuerte [llora].

—Aporta. Es un eslabón perdido que apareció. Todo nos imaginábamos menos que el Mossad estuviera comprometido en estas cosas, pero realmente mirando el artículo nos quedan muchas preguntas: nos tienen que decir por qué contrataron a Etian con plata del Estado porque en ese caso Ecopetrol se convirtió en caja menor para pagar el genocidio. ¿Cómo así que una entidad industrial y comercial del Estado contrata a un señor que tuvo como principio la tesis de que "toda operación de inteligencia es una alianza con el delito"? Es decir, este señor fue quien preparó el terreno para luego traer a Yair Klein, quien entrenó a militares y paramilitares en técnicas del terror para regar el país con masacres. Klein está vivo y podría contar importantes detalles de este eslabón.

—Ese señor dice que lo contrataron unos particulares, pero que también fue recibido por el Ejército. Dice, por ejemplo, que a él lo contrató un senador muy importante que después fue presidente, es decir, mencionó a Uribe sin dar su nombre. Eso cambia hasta cierto punto la lectura que teníamos del genocidio, pues sabíamos que había intereses de la CIA en toda América Latina y nosotros no íbamos a ser la excepción. Pero que el Mossad estuviera metido no lo imaginábamos. Sabíamos que el Ejército había participado del genocidio, pero nunca imaginamos que fuera una orden presidencial.