"La situación médica actual, las circunstancias que el tratamiento sea paliativo, el tiempo de cumplimiento de condena, la edad fisiológica del penado, así como el hecho de que la organización terrorista a la que pertenece el interno se encuentra derrotada y ha declarado su final definitivo avalan la valoracion de no reincidencia", dice el auto de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso Sputnik.
Antonio Troitiño fue considerado culpable de 22 asesinatos con la banda terrorista vasca ETA, fundamentalmente en la década de los 80.
Uno de ellos es el recordado ataque con coche bomba de 14 de julio de 1986 contra un convoy de la Guardia Civil en la madrileña plaza de la República Dominicana, en el que murieron 12 agentes, todos ellos alumnos de la escuela de tráfico, y resultaron heridas otras 60 personas.
En 2011, cuando había cumplido 24 años de cárcel por sus 22 asesinatos, la Audiencia Nacional excarceló a Troitiño por un error en el cálculo de la condena y este huyó a Reino Unido.
2 de septiembre 2020, 10:57 GMT
Fue detenido en Londres en junio de 2012, puesto en libertad posteriormente por las autoridades británicas y detenido nuevamente en febrero de 2014, también en Londres, a petición de la Audiencia Nacional española.
Fue acusado de integración en banda armada y falsedad documental, ya que el aparato logístico de ETA fue quien le proporcionó los documentos falsos para su permanencia en Reino Unido y encarcelado nuevamente en España desde mayo de 2017.
En el año 2018, volvió a ser condenado por el citado tribunal a cinco años de cárcel por un delito de integración en organización por reengancharse a las filas de la banda terrorista después de salir de prisión.
Acercado a casa
Antonio Troitiño fue trasladado a una cárcel más cercana al País Vasco el pasado octubre: desde el centro penitenciario madrileño de Estremera al de Soria.
Según informó en su día Instituciones Penitencias, este etarra cumple las tres cuartas partes de condena en mayo de 2021 y se le aplicó por tanto el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Este artículo dice que "los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables (...)podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad", en lo referente a la situación de Troitiño.
En total, en el año 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez acercó a 103 presos de la banda etarra, 131 en total durante todo el periodo de Sánchez en el poder.
Desde el Ministerio del Interior español se insiste constantemente en que estos casos son siempre estudiados individualmente y que en ningún caso se deciden acercamientos de manera colectiva, como denuncian las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Dispresión de presos
La política de dispersion penitenciaria con los presos etarras comenzó en el año 1989 con el socialista Felipe González en el poder, para tratar de alentar la reinserción de estos penados.
Hasta entonces estaban agrupados en centros cercanos a Madrid, pero la gran concentración de presos en pocas cárceles llevaba a que los partidarios de la línea más dura de la banda ETA se impusieran sobre los que tenían algún pensamiento de redención.
Desde entonces comenzó una estrategia penitenciaria por la que los presos más rebeldes eran enviados a cárceles más lejanas a sus domicilios en el País Vasco.
Las asociaciones de familiares y de apoyo a los presos etarras denuncian constantemente esta política, alegando la peligrosidad que supone recorrer mensualmente grandes distancias por carretera para realizar las visitas a sus allegados.